El acuerdo alcanzado y suscrito por el Estado con los sindicatos UGT y CCOO, desangra los sueldos de los empleados y empleadas públicas
Santa Cruz de Tenerife
El sindicato CSIF-Canarias continúa con la advertencia de que la propuesta del incremento del 9,5%, a tres años, de sus retribuciones, ni se sustenta ni responde a la pérdida progresiva de su valor retributivo. Es más, la propuesta que se suscribió planteaba desde su inicio, y así advertimos, una importante pérdida en el poder adquisitivo de las retribuciones de empleados y empleadas públicas al final del periodo.
El pasado año asistimos a uno de los tantos desencuentros de los que nos tienen acostumbrados ciertas centrales sindicales. Y en este caso, la negociación con el Estado, para la recuperación del poder adquisitivo perdido de los sueldos de los empleados públicos fue la incisión, en esa ocasión, en la que el sindicato CSIF, en solitario, fijó su posición en contra a la propuesta presentada en extremis por el Gobierno.
En lo referido al incremento de los sueldos de los empleados y empleadas públicas atenderemos a lo establecido por el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público que, como norma básica, es de aplicación a todas las administraciones públicas y, cuya competencia es propia del Estado, a través de su Ley de Presupuesto Generales del Estado. Pero, con igual mención, debemos atender a lo dispuesto por el artículo 37.1 del mismo texto legislativo, por él que se establece, entre otras, elevar esta materia a negociación colectiva. Realidad que no se ha dado, toda vez que, lo que se ha elevado a la Mesa General de Empleados Públicos ha sido una propuesta presentada, de manera unilateral, por parte del Estado, sin previa valoración y margen de negociación con los agentes sociales.
El acuerdo, vendido con grandes titulares y recordado como gran triunfo alcanzado por los copartícipes, estableció un incremento salarial trianual, con una subida del 9,5% entre los años 2022 y 2024, conforme al siguiente desglose:
- Año 2022, sobre el 2% ya incrementado desde el inicio del ejercicio 2022, se aplicará un incremento del 1,5%, significado una subida global del 3,5%.
- Año 2023, se establece un incremento directo del 2,5%, más un 0,5% vinculado al IPC acumulado de los años 2022 – 2023, siempre que su valor supere el 6%. Asimismo, se propone otro incremento del 0,5%, conforme al comportamiento del PIB y en el supuesto de que éste supere 5,9%.
- Año 2024, un incremento lineal del 2%, más otro adicional del 0,5% condicionado a que el IPC acumulado de 2022 – 2024 supere un teórico 8%.
Una propuesta, como hemos dicho anteriormente, a la que los sindicatos UGT y CCOO anunciaron, el mismo día, su ratificación sin entrar a cuantificar y valorar sus efectos reales sobre el valor de renta, actualmente menguado, de sus retribuciones.
Llegados a este punto, recordemos que el sindicato CSIF ha sido el impulsor de las campañas de movilizaciones en el seno del sector público, dando visibilidad del malestar 2 general que se ha instaurado. Con reivindicaciones concretas y directas, en la recuperación de los derechos que les han sido suprimidos a través de los llamados decretazos de los años 2010 y 2012. Derechos, tanto de índole sociales como económicos que, en el año 2018, con la firma del Segundo Acuerdo con el Estado, abrieron una vía de recuperación a través del diálogo social.
Seamos realistas, y coloquemos las piezas del puzle en su correcto emplazamiento para que, con ello, se nos permita ver la realidad de la imagen que se esconde. El acuerdo firmado no conlleva a una subida tan vendida del 9,5%, es más, ni se acerca al condicionado 8% determinado como comportamiento del IPC acumulado para el periodo 2022-2024, y que dará derecho a ese nuevo incremento adicional del 0,5% previsto para el año 2024 como fin de tramo.
Analíticamente, la subida preveía un incremento lineal de un 6% para los años 2023 – 2024, incorporando un aumento adicional del 1,5% a la revisión ya realizada e incorporada en la LPGE para el año 2022. Lo que viene a suponer al final del periodo una incidencia acumulada del 6,12% con referencia al 1 de enero de 2022. Así mismo, y quedando condicionado al comportamiento del IPC y del PIB, se incorporaron dos propuestas de revisiones adicionales por un monto del 1,5% y que, si se dieran, pudieran generar un valor acumulado del 7,72% con referencia al inicio del periodo referenciado. Tramo en el que, conforme datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha experimentado una variación de 9,3% entre el mes de enero de 2022 y el mes de agosto de 2023. Por tanto, y como advertimos en su momento, con este acuerdo los empleados públicos han seguido y siguen sistemáticamente perdiendo poder adquisitivo y valor de renta en sus retribuciones.
