Santa Cruz de Tenerife.- El Consejo del Gobierno ha aprobado hoy, jueves 4 de febrero, la transferencia de crédito de 3.575.405,31 euros a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para dar cobertura financiera al nombramiento de 101 funcionarios interinos para la ejecución de un programa de carácter temporal en materia de atención temprana, dependencia y discapacidad.
Esta actuación permitirá la contratación por tres años prorrogables de un total de 101 funcionarios interinos en las especialidades de medicina, psicología y trabajo social, así como administración y auxiliar de administración. Estos realizarán sus funciones en las áreas de dependencia y discapacidad, dentro de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Además, esa contratación incluye a una veintena de trabajadores sociales y profesores de educación especial para las Unidades de Atención Temprana de Tenerife, Gran Canaria y la próxima unidad prevista en Fuerteventura.
Se trata de la mayor incorporación de personal en el departamento de Dependencia realizada nunca, una actuación con la que se da un impulso al servicio, mejorando la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad y agilizando la tramitación administrativa de expedientes, lo que permitirá la mejora los servicios y la reducción de las listas de espera.
De hecho, pese a que los datos de Dependencia sitúan a Canarias como una de las mejores comunidades en la gestión de la Dependencia en 2020, desde el pasado 31 de julio se ha comenzado a tramitar este expediente de contratación con el objetivo de seguir trabajando en la reducción de la lista de espera.
Dependencia y Discapacidad comenzará a llamar a partir de la próxima semana al personal necesario de las distintas especialidades en las listas de contratación de personal de la Comunidad Autónoma. El nuevo personal contará con un contrato de tres años prorrogables para la realización de sus funciones.
El Consejo de Gobierno aprueba el decreto del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación (PEGRI) de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación (PEGRI) de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote, documento que persigue la protección contra inundaciones y plantea, entre otras obligaciones, realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación y mapas de peligrosidad, así como establecer planes de gestión de éstos.
Ese documento aborda la gestión de riesgos de inundación en la demarcación hidrológica citada y sus previsiones completan el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote. Además, se ajusta a las mismas normas de competencia y procedimiento que rigen el señalado plan insular.
Teniendo en cuenta que los planes especiales de gestión del riesgo de inundación merecen la calificación jurídica de planes sectoriales con impacto sobre el territorio, en virtud de Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el citado plan, una vez entre en vigor, tendrá la consideración de plan territorial especial y prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.
El acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno se fundamenta en la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, llamada Directiva de Inundaciones, y en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio de dicha materia.
El Gobierno de Canarias ya ha aprobado en anteriores sesiones del Consejo de Gobierno los PEGRI de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera. Además del citado plan de Lanzarote, tiene ultimado el de La Palma y está tramitando el expediente del PEGRI de la isla de El Hierro para formalizar su aprobación lo antes posible.
El Consejo recibe la información sobre las subvenciones directas concedidas por Administraciones Públicas en el cuarto trimestre de 2020
El Consejo de Gobierno conoció en su sesión de hoy, jueves 4 de febrero, las subvenciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha concedido de forma directa en el cuarto trimestre de 2020 por un importe total de 178.432,78 euros. Se trata de ocho ayudas para realizar actuaciones relacionadas con los puntos de encuentro familiar, memoria histórica, mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y recepción de notificaciones y traslado de escritos.
La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 señala que trimestralmente se dará cuenta al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros y por el titular del departamento respectivo.
Durante el cuarto trimestre del presente año 2020, se concedieron por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las siguientes subvenciones directas, por importe que no excedió los 150.000 euros:
- Al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos 2020 (80.000 euros).
- A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para el establecimiento de un proyecto piloto de mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil entre empresas en la isla de Gran Canaria (18.232,46 euros).
- A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife destinada a un proyecto de investigación denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’ (15.900 euros).
- A la Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades, para el programa Punto de Encuentro Familiar específico de situaciones de violencia de género Miradas Resilientes en el sur de Tenerife 2020 (12.295,82 euros).
- A la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial + Familia, para el programa Implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar en Arrecife, en Lanzarote 2020 (11.777,58 euros).
- A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para llevar a cabo el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en la isla de Fuerteventura 2020 (11.109,89 euros).
- A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en Santa Cruz de Tenerife 2020 (16.403,52 euros).
- A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en el norte de Tenerife 2020 (12.713,51 euros).
La asistencia gratuita y el turno de oficio reciben 10,3 millones de euros en el segundo semestre de 2020
El Consejo de Gobierno conoció hoy, jueves 4 de febrero, las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2020 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 10.301.313,28 euros y que han sido tramitadas la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
Dichas ayudas se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 9.230.397,28 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.070.916 euros.
Respecto a la relación de subvenciones, 4.993.507,81 euros correspondieron al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 3.057.807,75 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas; 606.194,43 euros al de Lanzarote, y 572.887,29 euros al de Santa Cruz de La Palma.
En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife se le otorgaron 713.049 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 357.867 euros.
El Gobierno autoriza la prórroga del servicio de limpieza de instalaciones judiciales por 7,8 millones
El Gobierno de Canarias autorizó hoy jueves la prórroga del contrato del servicio de limpieza de las 34 sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias (15 de ellos correspondientes a la provincia de Las Palmas, y 19 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife) por importe de 7.800.280,23 euros. El plazo de ejecución de la prórroga será de dos años, del 15 de marzo de 2021 al 14 de marzo de 2023.
El presupuesto total de la prórroga se distribuirá en tres anualidades: 3.087.610,93 euros entre marzo y diciembre de 2021; un total de 3.900.140,12 euros en el conjunto de 2022; y una última anualidad de 812.529,18 euros por el servicio realizado entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2023.
En febrero de 2019 se procedió a la adjudicación del expediente para la contratación del servicio de limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 6.994.323,3 euros.
El contrato fue adjudicado en dos lotes -uno por cada provincia- que fueron formalizados el 15 de marzo de 2019. El plazo de ejecución y vigencia se estableció en dos años, desde el 16 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2021. No obstante, dicho contrato contempla la prórroga del mismo y establece que la prestación del servicio tendrá un plazo máximo de cuatro años.
El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato en cumplimiento de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
El Ejecutivo canario destinó más de 1,8 millones de euros, en el último trimestre de 2020, a programas de interés social, económico o humanitario
El Consejo del Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la dación de cuentas de un total de 79 subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, durante el cuarto trimestre del año 2020, por un importe total de 1.846.419,22 euros.
Se trata de subvenciones de carácter directo por razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros.
De esta forma, durante el cuarto trimestre del año, se concedieron ayudas a cubrir partes de los gastos derivados, entre otros, a proyectos y programa gestionados por un total de 37 entidades sociales, ayuntamientos y cabildos insulares. Además, se concedió un total de 42 ayudas de emergencia social a diversas personas a título individual.
En concreto, se otorgaron ayudas, entre otros proyectos, a cubrir el total de los gastos derivados del programa Ayuda al Plan General de Intervención con personas desfavorecidas, que gestiona la Obra Social de Acogida y Desarrollo, por un importe de 149.000 euros; a cubrir parte de los gastos del programa Albergue emergencia sociosanitario García S. Román, para personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria ante la crisis sanitaria de la COVID-19, que gestiona el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por un montante de 140.000 euros, y al Dispositivo de emergencia para el realojo de personas mayores, gestionado por el Cabildo de Fuerteventura, por un importe de 135.519,15 euros.
Asimismo, se concedió un importe de 100.653,66 euros a la Asociación Parkinson Gran Canaria, para financiar el total de los gastos del proyecto de remodelación de la parte exterior del centro de la Asociación Parkinson Gran Canaria, y una ayuda de 90.000 euros para sufragar parte de los gastos del programa Mantenimiento de los centros de día Padre Laraña I-II. Atención a familias vulnerables, que impulsa la Asociación Benéfica Centro Padre Laraña.
El Hospital Universitario Dr. Negrín incorpora un sistema de radiología portátil y digital para pacientes con COVID-19
El Consejo de Gobierno fue informado hoy de la contratación mediante procedimiento de emergencia de un sistema de radiología portátil y digital por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, del Servicio Canario de la Salud, para la realización de estudios radiológicos a pacientes con coronavirus sin que sea necesario trasladarlos al área de Radiología.
El equipo ha sido adquirido a la empresa General Electric Healthcare España, SAU, por importe de 95.275,00 euros, IGIC incluido del 3%, cuya oferta fue aprobada al cumplir con los criterios técnicos del pliego de prescripciones técnicas de la contratación.
El Hospital incorpora de este modo un tercer equipo de radiología portátil, necesario por la evolución de la pandemia por COVID-19 y para realizar los estudios radiológicos sin desplazar a los pacientes de su área de aislamiento, ya sea el área específica COVID en Urgencias, las habitaciones de la planta de hospitalización o los boxes de las unidades de atención crítica (UMI o REA).
Además, se recomienda la utilización de equipos específicos para pacientes con COVID-19 para disminuir el riesgo de contagio a otros enfermos y no demorar las exploraciones por la necesidad de limpieza extrema del aparataje al realizar actividad compartida.
El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín tramitó una licitación para la adquisición de un equipo de radiología portátil, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el 19 de noviembre de 2020 y quedó desierto, por lo que dada la situación excepcional de la pandemia, así como la urgencia e imposibilidad de adquirir el aparato por otros medios, procedió a la compra por procedimiento de emergencia conforme establece el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La radiografía de tórax es una prueba diagnóstica relevante para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID-19 y debe realizarse siempre con la suficiente agilidad y premura como para que un enfermo que empeora de su sintomatología respiratoria pueda recibir el tratamiento y soporte ventilatorio adecuado lo antes posible.
Alicia Álvarez, nombrada directora general de Modernización y Calidad de los Servicios
El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 4 de febrero, el nombramiento de Alicia Álvarez como nueva directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, un departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Álvarez es licenciada en Geografía por la Universidad de La Laguna (1999-2003) y funcionaria de carrera de la Administración de Justicia. La nueva alto cargo releva en el puesto a Pablo Hernández, en la actualidad presidente de la Zona Especial Canaria.
Álvarez tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos con CEOE Tenerife, Centro Internacional Politécnico y MBA-Escuela de Negocios (2009) y otro en Prevención de Riesgos Laborales, especialidades en Seguridad y Salud, Psicosociología y Ergonomía e Higiene Industrial del Trabajo. Además, ha realizado estudios de doctorado en Ordenación del Territorio, Espacios Naturales y Suelos, en el Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (2004).
Álvarez fue directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, entre cuyas funciones realizó la planificación del centro directivo, el diseño presupuestario, la dirección del personal y su coordinación con el sistema estatal (2015-2016).
También fue concejala de Gobierno y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde realizó el I Plan Estratégico de Servicios Sociales del municipio y su planificación sectorial de desarrollo (2012-2015).
