Madrid.- El Grupo Socialista impidió con su voto en contra que prosperase, en la sesión plenaria celebrada esta mañana, la enmienda presentada por el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, para que se tuviesen en cuenta las singularidades de la industria canaria en el proyecto del Real Decreto por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.
Un proyecto en el que el Gobierno socialista no ha tenido en cuenta las particularidades de Canarias como región ultraperiférica alejada del continente y fragmentada y en el que, además, establece unos requisitos mínimos que las empresas canarias, por su reducido tamaño, no pueden cumplir.
La enmienda presentada por Clavijo a una moción del Partido Popular pretendía que en dicho proyecto de Real Decreto se contemplase una reducción o eliminación de los requisitos para Canarias atendiendo a sus limitaciones como región ultraperiférica. Una petición que fue rechazada por el PSOE.
El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias lamenta que los socialistas canarios hayan levantado la mano en contra de las empresas industriales canarias “pese a que el impacto del coste de la energía en los productos es casi un 25% superior que en las industrias de su sector situadas en territorio peninsular”.
“Además”, indicó el senador, “la industria en Canarias también tiene que soportar costes de la energía eléctrica superiores a los que tiene la industria en la Península, y a falta de estudios gubernamentales que los hayan evaluado, ASINCA (Asociación Industrial de Canarias) realizó en 2017 un estudio comparativo obteniendo como resultado que las industrias canarias pagaban por el Kwh una media de 0,1244935 €, mientras que las industrias en Península pagan una media de 0,09490406 €/kwh, lo que supone un incremento del precio medio del 23,77 %”.
El agua más cara de toda España
Otra realidad que no contempla el proyecto elaborado por el Gobierno del PSOE es que “Canarias es una de las regiones con el precio del agua más cara de toda España, lo que influye no solo en el precio que pagan los ciudadanos sino también el sobrecoste que deben afrontar el resto de las industrias que utilizan el agua como materia prima, que son muy numerosas y de multitud de sectores, influyendo por tanto de forma directa en su competitividad”.
En este sentido, el senador expuso la propuesta que ya ha elevado ASINCA para que “en línea con los objetivos de descarbonización, industrialización y fomento de la economía circular tendría que tenerse en cuenta también en el listado de las actividades que pueden acogerse a esta condición de consumidor electro intensivo las industrias de reciclado de forma más genérica”.
Concretamente, todas aquellas empresas relacionadas con la captación, depuración y distribución de agua; la recogida y tratamiento de aguas residuales y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos.
