Santa Cruz de Tenerife.- La ponente del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) en el Proyecto de Ley (PL) de Cambio Climático y Transición Energética, Esther González, votó hoy a favor del dictamen del PL al considerar que Canarias necesita esta legislación para limitar los efectos del cambio climático en los territorios insulares, las costas y por el elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. La parlamentaria de Nueva Canarias defendió las enmiendas de mejora aceptadas al mismo tiempo que reivindicó la figura y la labor del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el desarrollo y la implantación de las energías renovables.
En el penúltimo debate del proyecto de ley, y a la espera de su aprobación definitiva en un próximo pleno, Esther González hizo una advertencia al asegurar que «no podemos ignorar» que Canarias es un territorio, donde es urgente intervenir por los impactos del calentamiento global, que afectan gravemente a los territorios insulares y costeros. También, añadió, por el elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
Nueva Canarias, según la ponente, «no es ajena» a esta realidad. «Llevamos advirtiendo de ello muchos, muchísimos años. El mejor ejemplo, el mayor referente en esta materia, reside en la figura» de Antonio Morales, reivindicó la parlamentaria de los canaristas progresistas.
González defendió las enmiendas aprobadas e incluidas en el dictamen, agrupadas en cinco bloques, ante la necesidad de «superar» algunas «disfunciones» del texto inicial. El primer bloque, tal y como explicó, están vinculadas con el planeamiento urbanístico y territorial. El objetivo, indicó, es que quede «claramente especificado» que el planeamiento que comience a ser elaborado, tras la entrada en vigor de esta norma, obligatoriamente incluya la perspectiva climática.
«No serán de aplicación» las exigencias de la ley climática, continuó, para los instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territoriales, urbanísticos y sectoriales que, a la entrada en vigor de esta norma, estén aprobados o se haya iniciado su elaboración. En estos casos, sólo será exigible su incorporación cuando se proceda a una modificación sustancial de los mismos, precisó la diputada de NC.
De esta manera, dijo González, se evitará la paralización de estos planes urbanísticos para su adaptación a la nueva legislación en un momento, como el actual, donde la economía de las islas se recupera a buen ritmo de los efectos de la pandemia, la erupción volcánica de La Palma y la crisis inflacionista.
Con el segundo bloque de enmiendas aprobadas, aseguró que se crea una comisión interadministrativa climática para que sus decisiones, cuando afectan a todas las administraciones, «sean consensuadas y no impuestas» por el Gobierno.
El tercer bloque se refiere a los planes de movilidad sostenible en los grandes centros generadores de movilidad, tanto públicos como privados, aclaró la ponente de NC. El dictamen, según Esther González, especifica que los ayuntamientos se encargarán «exclusivamente» de la coordinación. El objetivo pasa por «no sobrecargar aún más» a las administraciones municipales, valoró.
Con el cuarto bloque de propuestas de mejora admitidas, los canaristas progresistas observaron que «se modera» el régimen sancionador por la «desproporción» de las cuantías incluidas en el proyecto de ley. Se suprime, por otro lado, la doble sanción prevista por entender que pudiera permitir aplicaciones «arbitrarias» de la norma, indicó Esther González.
Desde NC «entendemos que no se trata de destruir» el tejido empresarial sino de «incentivar» la adopción de medidas para luchar contra el cambio climático, motivó la ponente de Nueva Canarias para concluir con una última iniciativa aceptada en materia presupuestaria. Con la misma se fija, como reto de inversión para los operadores económicos públicos y privados, llegar al 2% del Producto Interior Bruto canario en 2025.
