Santa Cruz de Tenerife.- El PSOE recuperó el poder municipal de Arona en 2015 gestionando un primer mandato en pacto con Ciudadanos por Arona (CxA) al quedarse a poco más de 300 votos de la mayoría absoluta. Entonces marcó un hito ya que el resultado electoral hizo que los socialistas pasaran de tener 5 concejales a contar con 12. José Julián Mena llegaba a la Alcaldía tras varios años de acusaciones y condenas (anteriores y posteriores) a responsables de Coalición Canaria como consecuencia de los llamados casos Arona, marcados por la prevaricación.
En 2019 el PSOE alcanzó la mayoría absoluta con 14 concejales, uno por encima del límite. Pero al cabo del primer año (cumplido el pasado día 15) del mandato vigente la división es notable en este gobierno monocolor. La destitución del concejal de Urbanismo, Luis García, se produce el día 22 de este junio «una vez que se han conocido un conjunto de actuaciones adoptadas que superan los límites de la confianza depositada en la gestión de cualquier edil».
El fin de semana previo se hacen públicas informaciones periodísticas referidas a supuestas denuncias planteadas ante la Fiscalía por el conejal destituido, al que el alcalde le había pedido su renuncia en marzo pasado. La pandemia motivada por el coronavirus fue un periodo de gracia para el edil, quien no dudó en poner en conocimiento de la Fiscalía supuestas irregularidades del gobierno en el que participaba entonces. Lo hizo días después de no atender la petición del alcalde, en pleno confinamiento.
Ángel Víctor Torres y Pedro Martín, presidentes del Gobierno de Canarias así como secretarios generales regional e insular del PSOE, respectivamente, mediaron el martes (día 23 de junio) por la noche en una reunión con el gobierno municipal (sin Luis García, al que negaron su asistencia) para buscar una solución que no llegó. Un encuentro de reproches mutuos entre una parte de los concejales socialistas y los que respaldan al alcalde. Al día siguiente, Torres mantuvo otro encuentro con los contrarios a Mena en la sede santacrucera de la Presidencia del Gobierno en lo que se ha interpretado como una desautorización al alcalde, a quien expusieron su respaldo apenas unas horas antes.
Las cosas así, el jueves (25 de junio) se celebró un pleno en el que el PSOE votó unido en todos los asuntos que se abordaron. Una unidad que no supone que el problema esté resuelto. Los críticos con el alcalde piden la destitución de un asesor y que se impida a un abogado el acceso a información municipal en el ejercicio de su trabajo como profesional independiente, toda vez que no está vinculado al ayuntamiento.
En el trasfondo está la gestión de Urbanismo -en el periodo de Luis García- respecto a la supuesta situación irregular de un complejo construido en El Camisón que incurre en una presunta ilegalidad así como la recalificación -propuesta en el diagnóstico del nuevo Plan General de Ordenación (PGO)- de más de 600.000 metros cuadrados situados en Llanos de Chayofa, pasando de suelo rústico de reserva a un uso compartido turístico, de ocio y esparcimiento, según ha trascendido públicamente.
La próxima semana se presenta con incógnitas por resolver. El martes habrá otra reunión para tratar de recomponer un gobierno municipal en el que las discrepancias son ya públicas y las posiciones conocidas, inamovibles. De momento.
En la vía judicial, la Fiscalía de Arona está recabando información sobre los aspectos contenidos en la documentación que le trasladó el concejal destituido, que incluye una grabación. Ni siquiera está abierto el proceso de investigación.
