Arona.- El gobierno municipal de Arona ha salido hoy en defensa de la labor realizada por la Policía Local y por trabajadores de la corporación en la elaboración del inventario de documentación del área de Urbanismo. Todo ello después de que el grupo Sí Podemos Arona haya presentado una moción, y diferentes grupos emitido un comunicado, en el que aluden a la posible destrucción de documentos por parte de estos, lo cual supone la atribución de un delito.
Todo ello tiene su origen en una afirmación realizada por el exconcejal del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, Luis García, que fue cesado hace meses. Tras su salida, la Jefatura de Servicio de este departamento advirtió de la ausencia de documentación y solicitó que fuera buscada y que se realizara inventario para su devolución a Urbanismo, algo que realizaron agentes de la Policía Local. En esa búsqueda se hallaron algunos de los expedientes que no se encontraban en el archivo del servicio, lo que da cuenta de la efectividad de esa decisión. No obstante, el edil afirmó que, realmente, esta desaparición se debió a una acción deliberada de empleados municipales.
Afirmación calumniosa de la comisión de un delito
Esto ha provocado que el grupo de Sí Podemos Arona dé verosimilitud a la afirmación calumniosa de la comisión de un delito por parte de trabajadores del Ayuntamiento y que diferentes grupos políticos se hayan sumado a esta presunción de culpabilidad por parte de sus empleados, lo cual es altamente grave, especialmente cuando se ha solicitado, incluso, un informe a Urbanismo en el que se explica que en este departamento únicamente se realizan labores habituales de limpieza de copias de documentación antigua, siempre bajo la supervisión técnica.
El grupo de gobierno ha pedido a la oposición responsabilidad en un momento políticamente complejo, que no se aproveche de esa complejidad para lanzarse a una política del todo vale y, especialmente, cuando lo que está en cuestión es la honorabilidad tanto de la Policía Local de Arona como del conjunto de los trabajadores públicos de la corporación.