Morales propone que se realice un reparto equilibrad entre los siete territorios insulares utilizando como criterios con ponderación específica un 30% la población, un 50% el PIB per cápita y un 20% la tasa de paro
Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamó hoy la aplicación de unos criterios objetivos para la distribución entre todos los territorios insulares de las y los menores migrantes no acompañados que permanezcan en el Archipiélago y exigió, asimismo, una solución urgente para el problema que se suscita cuando estas personas cumplen 18 años y, como lamentó, «se ven obligados al sinhogarismo y la desesperanza».
«Si el Gobierno de Canarias está pidiendo al Gobierno de España que, bajo unos criterios determinados, se distribuya a las y a los menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas, desde el Cabildo de Gran Canaria consideramos que es el momento oportuno para que estos criterios de distribución sean aplicados también en las Islas, de cara a ofrecer una acogida equilibrada, justa y con garantías», aseveró.
Y es que, tal y como expuso, en la actualidad, de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados acogidos en el Archipiélago, Gran Canaria alberga a más 3.500, es decir, a casi un 67% del total, y 130 de ellos están siendo atendidos en centros del Cabildo. «Estamos ante una situación desequilibrada, desproporcionada e injusta», sentenció.
Pero es que, además, según sus palabras, «a día de hoy, los cabildos desconocemos cuáles son los criterios que se aplican para la distribución de la acogida de las y los menores e, incluso, cuántos hay en cada una de las Islas», denunció. «Creemos que la transparencia, la buena gestión y la información es la mejor forma de hacer pedagogía y de trasladar a la ciudadanía el porqué de las decisiones, puesto que, en un tema como la gestión migratoria, cuanta más claridad, mejor», declaró.
Así, con estas premisas, el presidente Morales proclamó que «la distribución debe ser equilibrada», y para conseguirlo, defendió la idea de que se podrían aplicar los mismos criterios que ofrece el Ministerio de Juventud e Infancia, que están basados en la población, en la renta per cápita, en la tasa de paro o en la dispersión de la población, entre otros parámetros.
Por eso, con base en ese convencimiento, anunció que la propuesta del Cabildo de Gran Canaria en esta materia es «una alternativa franca y con aplicación posible en las Islas, utilizando la población, el PIB per cápita y la tasa de paro como criterios con ponderación específica para la distribución de las plazas de acogida en las Islas».
A este respecto, señaló que esta alternativa, denominada ‘Propuesta Share’, surgió del Gobierno Vasco y plantea que la distribución en el territorio se realice ponderando un 30% la población, un 50% el PIB per cápita y un 20% el paro. «Con este criterio de distribución claro, conocido y previsible podríamos trabajar de forma más certera», vaticinó. «Aunque esta es solo una propuesta, una base de la que partir. Cualquier otra acordada y pactada podría ser factible», afirmó el presidente insular, quien indicó que defenderá esta idea en la reunión que mantendrán esta misma tarde el líder del Gobierno canario, los presidentes de los siete cabildos y representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de las organizaciones sociales, para debatir acerca de la modificación de la Ley de Extranjería.
En este contexto, el primer mandatario de Gran Canaria subrayó que «no alcanzamos a entender por qué Canarias y el Gobierno central han acordado un límite de 2.000 menores para Canarias, que podría ser 3.000 en caso de emergencia, y que el resto de las comunidades autónomas asuman cantidades muchísimo más bajas, de apenas unas docenas o unos pocos centenares», manifestó. Aun así, aseguró que «si nos corresponde atender a 3.000 menores, la distribución equilibrada es la mejor manera de evitar disfunciones, vulneraciones de derechos, improvisaciones, alarma social, enfrentamientos sociales, manipulación de la realidad por organizaciones racistas y xenófobas, y otras circunstancias desagradables que hemos visto en los últimos años».
Y a estas demandas, Morales sumó la de buscar alternativas reales a la situación en la que se ven estas y estos menores al cumplir la mayoría de edad y quedarse en tierra de nadie. Porque, tal y como describió, «sin documentación, sin posibilidades de salir de la Isla, de conseguir un trabajo o un hogar, se convierten de repente y obligatoriamente en personas sin techo y sin posibilidades de futuro deambulando por nuestras calles».
Apoyo al traslado de menores migrantes al resto de las comunidades
El presidente de la Isla también dejó muy claro el apoyo del Cabildo de Gran Canaria al acuerdo propuesto por los gobiernos canario y estatal en la Conferencia Sectorial, para la distribución de menores migrantes no acompañados en el conjunto de las comunidades autónomas.
A este respecto, puso de relieve que, en este 2024, las Islas atraviesan un momento que consideró clave en la ruta migratoria canaria, dado que «las previsiones, incluso las más modestas, indican que este año va a ser de los más mortíferos, si no lo es ya», y que «morirán centenares de personas en los próximos meses, sin que las autoridades competentes tomen medidas», auguró. «Sé que es difícil, pero a veces, uno tiene la sensación de que son vidas que se dan por perdidas».
Hizo hincapié, además, en que todo apunta a que este mismo año la ruta canaria también verá cómo vuelve a batirse el récord de llegada de personas a las Islas y cifró en más de 20.000 los que ya han arribado a las costas canarias en lo que va de 2024, entre los que se encuentran muchas y muchos menores no acompañados.
En este escenario, puso en valor el hecho de que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias hayan trabajado de manera conjunta en una reforma legislativa, con el propósito de poder trasladar a las y los niños y adolescentes migrantes no acompañados a tierras peninsulares, así como de llevar a cabo en las mismas una distribución equitativa.
«Esto implica el cumplimiento de unas necesidades concretas, como la seguridad jurídica y la garantía de cumplimiento de derechos fundamentales de las personas acogidas en Canarias y España», enfatizó. «Y supondría un ordenamiento de la acogida de menores que, sin duda, beneficiaría a todos y a todas, empezando por los propios chicos y chicas, que están tratando de rehacer su vida lejos de sus países y de sus familias».
Con todo, en este punto, mantuvo que «tanto el Gobierno de España como el de Canarias encontrarán el apoyo del Cabildo de Gran Canaria en esta reforma legislativa, necesaria y urgente para las personas menores de edad. Pero también para los territorios fronterizos que, ante situaciones de emergencias, no tenemos herramientas suficientes para afrontar un desafío como este».
No obstante, Morales aclaró que «este apoyo no es extensible ‘sine die’ a todo lo que decidan. Lo hemos dicho e insistimos en que la idea de instalar carpas en los puertos para acoger a menores de forma permanente nos parece que vulnera derechos y no es el camino adecuado», reafirmó. «Y lo es también la irresponsable llamada a utilizar el Ejército para frenar la llegada de cayucos a Europa. Una barbaridad propia de la ultraderecha más inhumana», concluyó.
