Santa Cruz de Tenerife.- La consejera del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, se ha mostrado preocupada por la respuesta del gobierno de la institución insular en relación a una cuestión planteada por los Populares sobre el nivel de ejecución de las ayudas a pymes que se pusieron en marcha tras el cierre obligatorio de empresas que se produjo por la declaración de Estado de Alarma en nuestro país, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.
“En 8 meses, tras la declaración del Estado de Alarma, el Cabildo tan sólo ha abonado 344 ayudas de las más 11.500 solicitudes que se recibieron en total”, un dato que Fumero califica de “desalentador”, teniendo en cuenta que se trata de una línea de ayudas cuyo objetivo era la “contención de la sangría económica que significó la obligatoriedad del cierre de las empresas durante dos meses, inyectando liquidez de forma directa en el tejido productivo, para que se pudiera hacer frente a una parte de los gastos corrientes”.
Ante la pregunta del Partido Popular, la consejera insular de Empleo reconoció que se han abonado 344 ayudas de las 7.148 solicitudes que se recibieron tras la primera convocatoria de ayudas directas, mientras que no se ha abonado ninguna de las 4.441 ayudas que se solicitaron en una segunda convocatoria.
Para Fumero, “este retraso en tramitar las ayudas de emergencia nos causa gran preocupación” y planteó que “si sucede esto con nuestros propios recursos, qué ocurrirá si finalmente accedemos a los tan anunciados fondos de la Unión Europea para proyectos de reconstrucción” y sobre esta cuestión dijo que “entenderán que sea legítimo tener dudas sobre las herramientas y la capacidad del Cabildo para gestionar esos fondos que vengan de Europa”.
Águeda Fumero reivindicó durante la Comisión Plenaria de Empleo, celebrada esta mañana (20 de noviembre) la necesidad de “buscar mecanismos que mejoren la eficiencia en la tramitación de medidas como esta, puesto que la agilidad en el abono de las ayudas puede significar determinar el límite entre la supervivencia o el cierre definitivo de muchas de las empresas que componen el tejido empresarial de la Isla de Tenerife”, redundando en que “es preciso que se realice una adecuada gestión de los tiempos, puesto que los empresarios y autónomos tinerfeños necesitan una respuesta inmediata”.
La consejera Popular insistió en que “las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria del coronavirus no tiene precedentes en nuestra historia reciente”, y en consideración del Partido Popular, “las circunstancias exigen el compromiso de todas las administraciones de adaptarse a la nueva realidad social y económica, y poner en marcha medidas que, de forma eficaz, atiendan las necesidades sociales”.
“Esta crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de las administración a todos los niveles”, tal y como indicó Fumero, que concluyó asegurando que “tardar 8 meses en tramitar una ayuda de emergencia es condenar a las empresas a echar la persiana definitivamente”.
