Santa Cruz de Tenerife.- La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, que preside el letrado José Luis Langa González, llevará a cabo diferentes acciones legales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para impedir que las más de veinte familias que están amenazadas de derribo de sus viviendas en la playa de El Callao, en Güímar (Tenerife) pierdan sus casas.
Así lo indicó hoy el letrado en rueda de prensa, en la que también explicó que las familias afectadas por la Ley de Costas “han sufrido un doble varapalo, primero porque a primeros de este año el Ayuntamiento les desaloja asegurando que van a hacer obras que nunca se llevan a cabo; y ahora porque desde Costas les amenaza con la demolición”, matiza Langa González.
Cabe recordar que el Servicio Provincial de Costas de Tenerife envió el pasado 12 de noviembre de 2021 una orden de ejecución para el desalojo y demolición de estas viviendas, en el que se asegura “proceder por este Servicio Provincial de Costas a la ejecución forzosa y subsidiaria de la resolución de recuperación posesoria citada, mediante la demolición y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo”, para lo que se les dan un plazo de diez días.
Según explicó Langa González “nos encontramos ante un caso más de desatención de la realidad canaria por parte de las instituciones estatales, que proceden sin tener en cuenta la historia de un pueblo y el derecho que les asiste a estas personas que llevan años viviendo en estas casas y por las que han pagado sus impuestos”.
De hecho, de las más de veinte viviendas afectadas, más de la mitad son primeras residencias, pero “independientemente de ello, lo que se está es atacando la propiedad privada y un derecho sobre unas viviendas que existen mucho antes de la Ley de Costas”, indicó el presidente de la Pcalc.
En cualquier caso, la Plataforma ha decidido reunirse con todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Canarias y con la Dirección General de Costas en Madrid, además de llevar el tema al Parlamento Europeo, pues “esta situación se pararía si se supiera que Canarias vive y vivirá siempre junto al mar”.
El letrado matizó que “estoy casi seguro de que los juzgados nos darán la razón y estas personas, como otras muchas anteriormente, podrán volver a tener sus casas sin sentirse amenazadas”.
