Sumario
- Calzada: “A 37.000 familias, por la incompetencia del Gobierno, les afecta hoy la huelga del transporte escolar”
- Esther González (NC) insta a Educación a cumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el transporte escolar.
- Carlos Ester (PP): «El paro del transporte escolar es un capítulo más de los incumplimientos de Torres”.
- Cs valora la decisión de ampliar el plazo de implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad.
- Espino (Grupo Mixto) reclama más medios para poder garantizar la protección a las mujeres que son víctimas de violencia machista.
Calzada: “A 37.000 familias, por la incompetencia del Gobierno, les afecta hoy la huelga del transporte escolar”
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Beatriz Calzada, ha denunciado que 37.000 familias canarias están sufriendo la incompetencia del Gobierno de Canarias, “que ha sido incapaz de cumplir sus compromiso con el sector del transporte escolar y evitar la huelga que han iniciado esta mañana”.
“Una vez más la palabra de la consejera, Manuela Armas, no ha servido para cumplir los compromisos que había adquirido con el sector en relación al abono de los retrasos económicos; que hacen inviable la prestación del servicio”, denunció la diputada.
Retrasos que derivan de los recortes que se aplicaron en el año 2011 por el Partido Socialista, “que, recordemos, ostentaba la responsabilidad de la consejería de Educación, así como la actual consejera ocupaba el cargo de viceconsejera”.
Desde el Grupo Nacionalista Canario, “no entendemos el incumplimiento del Gobierno de los compromisos adquirido a través de un plan financiero, diseñado para el abono de la cláusula del IPC recogida en los contratos, por importe de 14 millones de euros, que sería ingresado en los años 2022. 2023 y 2024.
Hasta ahora solo se ha liquidado un tercio de lo que correspondía al 2022, “pero mucho nos tememos, que ni siquiera haya partida presupuestaria que contemple dicho gasto”, con lo que la incertidumbre de los transportistas es máxima y están dispuestos a parar y a cualquier otra medida de presión que les ayude a conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla sus compromisos.
Una vez más, “vemos que, el Gobierno que presume de más recursos y tiene una mayor recaudación, no revierte esos beneficios en solucionar los problemas que afectan directamente a las familias y a la conciliación laboral”, concluyó Calzada.
Esther González (NC) insta a Educación a cumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el transporte escolar
La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, instó hoy a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a cumplir el acuerdo del Consejo de Gobierno de marzo de 2022 para la «actualización económica pendiente y el pago de la deuda histórica» a las empresas del transporte escolar. González animó a este departamento gubernamental a utilizar sus presupuestos de 2023 para saldar ambas cuestiones, que se arrastran desde 2011, y evitar así un nuevo paro patronal. La parlamentaria de los canaristas progresistas propuso que el pago se haga antes del próximo 31 de marzo.
Esther González recordó que, a finales de abril del pasado año, solicitó la comparecencia, en pleno, de la titular en la materia Manuela Armas para exponer el problema arrastrado por los transportistas desde hace 12 años, buscar una solución y resolver la deuda al solicitar que se diera cumplimiento al mandato acordado, en marzo de 2022, por el Consejo de Gobierno.
Un acuerdo relativo a dos tipos de medidas de apoyo al sector, tal y como explicó. La primera correspondió a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Román Rodríguez para la reducción del impuesto especial sobre combustibles para los transportistas, operativa en el momento de la citada comparecencia.
La segunda, relativa al cumplimiento de la «actualización económica pendiente y el pago de la deuda histórica», concernía gestionar a Educación, observó la portavoz económica de NC. Transcurridos 10 meses desde el mandato dado por el Consejo de Gobierno, González lamentó que el problema «no se haya solventado» a pesar de que esta consejería dispone de los fondos necesarios en sus presupuestos para el actual ejercicio económico.
Afirmó que es uno de los ramos que más han sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus y la actual de la inflación. Un momento complicado para un sector que, como señaló, realiza unas 1.500 rutas diarias con las que trasladan a más de 37.000 estudiantes a sus centros educativos.
El retraso de la consejería en abonar nueve millones de euros a las empresas, correspondientes a dos tercios de los 14 millones de euros adeudados al dejar de aplicar entre 2012 y julio 2022 la cláusula que obliga a actualizar anualmente los contratos en base al IPC, les ha colocado en una situación «límite», en opinión de una diputada con un amplio conocimiento en la materia.
Esther González mantuvo que es necesario que la liquidación se haga a precios actualizados de 2023. Instó a Educación a «aprovechar» el presupuesto de este año para cumplir los compromisos adoptados con los transportistas, pagarles el primer trimestre de 2023 y poner fin a un conflicto arrastrado desde la legislatura de 2011 a 2015.
Carlos Ester (PP): «El paro del transporte escolar es un capítulo más de los incumplimientos de Torres»
El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Canarias y diputado autonómico, Carlos Ester, ha señalado que el paro convocado para este lunes en el sector del transporte escolar del Archipiélago es el resultado de los habituales «incumplimientos» del presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres.
Ester asegura que el Gobierno de Canarias ha vuelto a demostrar «su falta de capacidad de gestión», en un asunto de gran importancia que «ha dejado en la estacada» a unos 37.000 alumnos, y señala que es el momento de que la Consejería de Educación y el presidente Torres asuman su responsabilidad por la «desastrosa» gestión realizada hasta hoy.
«El Gobierno de Canarias ha pasado de puntillas ante las reclamaciones de los transportistas, a quienes la administración adeuda la cláusula IPC recogida en los contratos por un importe de 14 millones de euros. Se ha puesto de perfil y no ha hecho lo suficiente para evitar este paro coincidiendo con el día de la vuelta a clase de miles de niños tras las vacaciones navideñas», relató.
Según denuncia el representante popular, «la desidia y la falta de compromiso del Ejecutivo que preside Torres «está pasando una grave factura a las Islas». «Los canarios merecen que se cumplan los acuerdos adquiridos con el sector. Desde el PP reclamamos una reacción inmediata, que deje de sembrar incertidumbres, garantizando la adecuada prestación del servicio de transporte escolar y que se llegue a un acuerdo con las empresas lo antes posible para evitar futuras jornadas de paro como la de hoy».
«Exigimos al Gobierno de Torres que no siga utilizando el rodillo de la inercia, que atienda a los compromisos adquiridos, que se siente a negociar con seriedad y responsabilidad para obtener el mejor acuerdo posible y que no abogue a la ruina a empresas, trabajadores y familias que viven de este sector», concluyó Ester.
Cs valora la decisión de ampliar el plazo de implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad
El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, valora que el Estado haya decidido ampliar el plazo para la implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad hasta el año académico 2027-2028.
“Cuando se produce una modificación en un proceso selectivo tan importante como este, que marca el futuro de nuestros jóvenes, es necesario que se haga con extrema diligencia, pensando en el beneficio de los alumnos y con la mayor seguridad y garantías posibles”, señala.
Por este motivo, expone que es primordial que las modificaciones de este examen sean conocidas en profundidad tanto por las diferentes regiones españolas como por la comunidad educativa, ya que los docentes son los principales encargados de formar a los jóvenes para enfrentarse a uno de los mayores retos que encontrarán en el ámbito educativo.
Así, aclara que este nuevo modelo de evaluación contará con grandes novedades, como la reducción de pruebas a dos ejercicios, por lo que “es importante que tanto estudiantes como profesorado tengan claro el modelo de examen para poder lograr los mejores resultados”, añade.
Por otro lado, el diputado valora que esta modificación del examen se haya realizado con el consenso de las comunidades autónomas y espera que sirva para que los alumnos vayan mejor formados a la etapa universitaria, en la que se marcan las bases del futuro laboral.
Por ello, aclara que se deben mantener las peculiaridades de cada territorio a la hora de elaborar las pruebas, teniendo en cuenta la programación educativa de cada comunidad.
Espino (Grupo Mixto) reclama más medios para poder garantizar la protección a las mujeres que son víctimas de violencia machista
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha mostrado hoy su más absoluta condena y repulsa ante el último asesinato machista ocurrido en Adeje, Tenerife, y ha reclamado más medios para poder proteger a las mujeres. «Se necesita más personal cualificado y especializado, peritos y psicólogos que puedan atender a las mujeres que sufren esta dura y terrible realidad», ha dicho Espino.
La diputada ha insistido en que se sigan aportando más medios a los juzgados de violencia de género, que se cuente con juzgados especializados en este tipo de violencia y que, tanto la policía, la fiscalía y los órganos judiciales, «dispongan de todos los medios que necesiten para proteger a las mujeres y a sus hijos que en muchos casos también se ven en riesgo». Espino ha señalado que hay mecanismos para proteger a las víctimas pero «es fundamental seguir avanzando todavía más para que esa protección sea lo más garantista posible»
En este sentido, ha explicado que, como diputada, continuamente recibe quejas desde los juzgados de violencia de género por esa falta de recursos. Concretamente, en el caso de Tenerife, «no se ofreció esa cobertura, tal y como ha confirmado el Ministerio de Interior» porque, aunque la víctima había denunciado, no había testificado ante la justicia con lo que no se impusieron medidas de protección.
La diputada ha reconocido que es muy complicado denunciar y luego ir a testificar porque hay que entender el temor de las mujeres que han sido maltratadas, amenazadas y coaccionadas. Por este motivo, ha reclamado también que se actúe de oficio aun cuando la víctima de violencia no testifiquey que se intente conocer por qué no ha acudido a declarar para, de esta forma, poder poner en marcha medidas que garanticen la máxima protección. «La ley lo permite», ha recordado.
Ante este asesinato y los otros tres ocurridos también ayer domingo en España, la diputada ha manifestado su consternación porque se trata de «una realidad muy dura que nos causa gran dolor como sociedad» y a la que «todavía, desde las instituciones, no se ha conseguido hacer frente del todo».
Espino ha señalado que «tenemos leyes pero falta garantizar una mayor protección a las mujeres que sufren este tipo de violencia». Para la diputada del Grupo Mixto «queda mucho por trabajar y por avanzar en materia de violencia machista porque aunque el sistema ofrece cobertura a muchísimas mujeres, todavía tiene que mejorar para intentar garantizar su seguridad. Esta es una asignatura pendiente».
