Arona.- ”Una pesadilla muy real y una cruel injusticia en la que nos sentimos abandonados y desamparados por las Administraciones públicas». Así describen la situación que desde hace cuatro años están pasando 14 familias humildes de Arona que en 2011 alquilaron una vivienda de protección oficial (VPO) en el edificio Aloe, calle de El Caletón, en El Fraile, construido por una promotora y con contrato de alquiler a través de la empresa pública del Gobierno canario VISOCAN, renovado en 2015 con el Instituto Canario de la Vivienda.
Tras ser embargada esta empresa por no poder pagar un crédito, en 2016, para sorpresa de estos inquilinos, todos ellos de bajas rentas, vieron cómo cerrajeros y representantes de una nueva promotora, Anida Operaciones SIngulares SL, del grupo BBVA, y del Juzgado vinieron con una orden judicial para cambiar las cerraduras acusándoles de ocupar de forma ilegal estos inmuebles.
Aseguran los afectados que les renovaron el contrato ya con el edificio embargado y que «en tan injusta e increíble situación, el alcalde, José Julián Mena, y el entonces vicepresidente del Cabildo y del área insular de Vivienda, Aurelio Abreu, ambos del PSOE» les dijeron que no se preocuparan, que el problema se iba a solucionar y este ultimo incluso les pidió que no acudieran a los medios de comunicación porque no era necesario.
Pero la realidad es que los procedimientos judiciales de la nueva promotora han continuado adelante contra estas familias humildes, las casas de las que son inquilinos con contrato están a la venta en portales inmobiliarios de Internet, y ahora se encuentran en una situación límite, con lanzamientos señalados para los próximos meses, pues ni los abogados que llegaron a contratar en su día les dieron una salida.
Debido al «infierno» que están pasando, con» la sensación de haber sido engañados y estafados», reclaman la urgente intervención del Gobierno de Canarias para ponga fin a las presuntas irregularidades de las que son víctimas y al «sufrimiento tan grande» que están pasando por temor a perder su hogar.
Si no tienen una respuesta inmediata en los próximos días, anuncian que desde este mismo mes emprenderán movilizaciones con actos de protesta ante el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona, el Parlamento de Canarias la sede del Instituto Canario de la Vivienda. Ya han presentado escritos ante algunas de estas administraciones y pronto lo harán ante estas dos últimas instituciones públicas citadas. Su caso lo han denunciado ya en el Diputado del Común.
«Es una tremenda injusticia, tenemos contratos en vigor firmados con el Gobierno canario, las viviendas de protección oficial no se pueden vender sin autorización del Gobierno canario y la nueva inmobiliaria tiene que respetar esos contratos y esas condiciones», explica la portavoz de los afectados, María José Regalado.
Cuenta con el apoyo de la Plataforma Montaña Clara y la Asociación Arguayoda Las Acacias, donde otras 66 familias de San Isidro (Granadilla de Abona) sufren un problema similar, al revenderse sus casas construidas como VPO, pese a tener un contrato de alquiler con opción a compra en vigor.
Reclaman estos vecinos y vecinas de El Fraile al Gobierno canario que, al igual que ha anunciado con respecto a estas familias de Granadilla, abra expediente administrativo y presente demanda judicial contra lo que entienden responsables de una presunta ilegalidad con las casas de protección oficial que habitan desde 2011.
Esta «pesadilla» vino además precedida, según cuenta la portavoz del colectivo afectado, por las malas condiciones en que se les entregaron las viviendas, «sin luz ni agua y muchos problemas estructurales, como techos que se caen, grietas en las paredes, cortocircuitos por estar enlazados los cables de la luz con tuberías de agua en mal estado, humedades, goteras y inundaciones».
«A la medida de nuestras posibilidades hemos ido arreglando estos desperfectos, porque el promotor hizo caso omiso y Visocan no supervisó el estado en que se encontraban las viviendas», relata María José Regalado.
Tras la amenaza de echarles de las casas y presentar la documentación acreditativa en el Juzgado como que eran sus inquilinos con contrato vigente, testifican que no tuvieron respuesta alguna de la promotora, «pese a que le enviábamos faxes y más faxes, íbamos al BBVA y nos decían que no sabían nada; y después nos dejaron una carta por debajo de la puerta a nombre de otra promotora diciéndonos que teníamos que pagar una deuda de entre 7.000 y 8.000 euros por vivienda, pero que aún así nos considerarían ocupas».
«Tenemos un gran nerviosismo y una gran inquietud, sufrimos una presión física y mental horrible, ya nos está pasando factura a nuestra salud; hay personas con discapacidades, enfermas y ancianas, niños, gente en ERE, personas con ingresos precarios o sencillamente sin ingresos», advierte la portavoz de las 14 familias.
«Al principio, en 2011, nos pintaron todo de color de rosa, al fin podíamos acceder a una vivienda protegidas, pero resulta que nos sentimos totalmente desprotegidos, y eso que es un derecho constitucional», enfatiza la portavoz.
