SUMARIO:
- Zapata: “No vamos a mirar atrás ni para otro lado en la gestión y ejecución de los fondos Next Generation”.
- El Gobierno de Canarias garantiza la realización de sus prácticas al alumnado de Formación Profesional.
- Se conceden 10,5 millones de euros para abaratar los costes de extracción y desalación de agua para riego agrícola.
Zapata: “No vamos a mirar atrás ni para otro lado en la gestión y ejecución de los fondos Next Generation”
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa trabajando en la reestructuración de la gestión de los fondos Next Generation, de los que cuelgan más de 500 millones de euros en fondos estratégicos, destinados principalmente a la transición energética en Canarias.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa trabajando en la reestructuración de la gestión de los fondos Next Generation, de los que cuelgan más de 500 millones de euros en fondos estratégicos, destinados principalmente a la transición energética en Canarias.
En este sentido, el consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata asegura que “la situación con la que nos encontramos era muy preocupante, con una importante falta de personal, una ejecución que rondaba solo el 8% del total y más de 15.000 expedientes pendientes de tramitar”.
No obstante, Zapata apunta que desde la corporación “se ha dado un giro a esta gestión, y desde que entramos a este Gobierno, hace apenas cinco meses, hemos analizado la situación y hemos actuado sentando las bases de la reestructuración que ayudará a desbloquear estos fondos”.
Entre estas medidas y acciones concretas, destaca la reestructuración de personal directivo de las denominadas Unidades Administrativas Provisionales (UAP´s), ya anunciadas anteriormente y adjudicadas en su totalidad. Asimismo, y relacionado con esta reestructuración, también se trabaja para aumentar el personal encargado de la gestión de estos fondos. Una cuestión que, en palabras del consejero Zapata es “un objetivo en el que estamos ya trabajando para avanzar en los programas Next este próximo año 2024”.
Por otro lado, en estos primeros meses de gobierno también ha existido un contacto constante, con reuniones periódicas y trabajo conjunto entre el personal de la Consejería de Transición Ecológica encargada de tramitar los Fondos Next y el Estado. Tanto por parte de los perfiles más institucionales, como técnicos, con los directores de proyectos. “Se ha trabajado para establecer una línea de trabajo fluido y conjunto con el Gobierno de España, con el objetivo de agilizar trámites, consensuar procedimientos y establecer nuevos protocolos y metodología de trabajo que agilicen todos los instrumentos mediante los cuales se trabaja para conceder los fondos, desde subvenciones y convenios, a contratos y encargos” destaca Zapata.
Asimismo, el consejero del área también quiso poner en valor, en esta línea de acciones para el desbloqueo de los fondos, otros hechos concretos, como la reciente firma de más de 400 concesiones de ayudas en uno de los programas, y que continuarán en esta línea, el impulso en la mejora de la información registrada en el aplicativo habilitado por el Gobierno de España (CoFFEE) para llevar el control de los fondos, o las negociaciones con el Ministerio para la ampliación de plazos en algunas de las líneas de ayudas más importantes y que “esperamos poder anunciar en breve”.
Finalmente, el consejero apuntó que dicha gestión “no es un trabajo sencillo” pero que “ahora no vamos a mirar atrás ni para otro lado en la gestión y ejecución de los Fondos Next”. Y quiso apuntar que, debido a la complejidad en la gestión de dichos fondos, “habrá que ser pacientes, ya que esta reestructuración precisa de un período de reajuste y readaptación de prioridades y encargos, en la que estamos inmersos” pero para la que “esperamos que se empiecen a generar resultados positivos a partir del próximo año”.
El Gobierno de Canarias garantiza la realización de sus prácticas al alumnado de Formación Profesional
El alumnado de Formación Profesional de Canarias tiene garantizada la realización de sus prácticas pese a la negativa del Ministerio de Educación de conceder a las Comunidades Autónomas una moratoria para la cotización de dichas prácticas, manteniendo, pese a los múltiples problemas técnicos y a la oposición de quince Comunidades, su obligatoriedad a partir del próximo 1 de enero.
“Canarias estará preparada para cumplir con el mandato legal de forma eficiente, con calidad, evitando sobrecargar a los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado en dicha gestión, pues las altas en la Seguridad Social del alumnado será asumida por la Administración”, confirma el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, quien el 22 de diciembre explicó las medidas para hacerlo posible en una reunión telemática mantenida con las direcciones de los cerca de 180 centros educativos no universitarios que gestionan prácticas en las Islas.
En ese encuentro, celebrado solo unas horas después de que, el día 21, el Ministerio ratificara su negativa a modificar la entrada en vigor de la cotización de las prácticas, Rodríguez explicó que Canarias retrasaría al 29 de enero el comienzo de las prácticas previstas para el primer trimestre de 2024, de forma que se puedan realizar, con las debidas garantías, todos los trámites previos necesarios para la cotización, garantizando así la seguridad jurídica y evitando problemas a las empresas colaboradoras.
El viceconsejero se comprometió además a que los técnicos del Servicio de Formación Profesional asesorarían de forma directa a aquellos centros cuyo alumnado comenzase sus prácticas en este primer trimestre, cuando está previsto que solo unos 1.500 estudiantes se incorporen a las empresas (el grueso, unos 15.000, lo harán ya en el tercer trimestre, cuando ya estará perfectamente testeado el procedimiento de gestión de altas, bajas y liquidación a la Seguridad Social del alumnado).
No obstante, recalcó durante su intervención que, incluso en el momento actual, sigue sin estar clara toda la casuística que se ha planteado a la Seguridad Social en relación a los múltiples escenarios que se dan entre el alumnado que cursa estudios de FP, de ahí que pese a que la Viceconsejería lleve meses trabajando para dar una respuesta técnica de calidad y que no sobrecargue a los centros educativos, haya sido imposible informar a los centros con anterioridad.
En ese sentido, hay que recordar que, hasta el último momento (jueves 21 de diciembre), los responsables de Formación Profesional de quince de las 17 Comunidades Autónomas, en reunión por videoconferencia con responsables de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitaron que se retrasara hasta el inicio del curso escolar 2024/25 la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a todo al alumnado que realizara prácticas formativas en las empresas.
Sin embargo, “no se ha atendido a razones y la medida se pone en marcha el 1 de enero de 2024”, explica Rodríguez Machado, para quien “la petición de las Comunidades Autónomas no es un capricho, sino puro sentido común y una cuestión de lealtad institucional”.
En concreto, se fundamenta en motivos de inseguridad jurídica por falta de desarrollo normativo que aclare multitud de situaciones que se han ido detectando, en la necesidad de realizar pruebas previas en un procedimiento complejo y masivo, que requiere evitar errores y en la necesidad de aportar a los centros educativos herramientas telemáticas que propicien la simplificación de estos procesos y que no supongan una carga burocrática más en su trabajo diario.
A todas estas cuestiones espera dar respuesta con sus medidas la Consejería de Educación, cuya Viceconsejería de Formación Profesional ha asumido el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con los centros y la comunidad educativa para hacer realidad una demanda histórica, la simplificación burocrática y la mejora de las aplicaciones telemáticas de los procedimientos que afectan a la FP en Canarias, y no al contrario, como ha hecho el Ministerio de Educación.
Se conceden 10,5 millones de euros para abaratar los costes de extracción y desalación de agua para riego agrícola
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a abaratar los costes derivados de la extracción de agua de pozos y galerías, así como a la desalación y/o producción de aguas regeneradas para riego agrícola en el Archipiélago, por valor de 10.586.917,61 euros, y con cargo a la línea de actuación de «ayudas a potabilizadoras y comunidades de pozos para riegos”, correspondientes a 2023.
Un total de 76 beneficiarios, recogidos en el Anexo 1 de dicho texto, son los receptores de estos fondos, entre los que se encuentran entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o heredamientos, comunidades de aguas canarias, así como personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de agua para riego agrícola.
En Canarias, la escasez de aguas superficiales obliga a abastecer la demanda de la población y de la actividad agrícola a partir de aguas subterráneas captadas mediante galerías y pozos, y debido a la escasez de estas en las islas orientales y al incremento de la demanda por encima de las disponibilidades en las capitalinas, a la búsqueda de alternativas como la desalación o la reutilización de aguas depuradas.
El titular del Departamento, Narvay Quintero, explicó que la obtención y suministro de agua desde pozos y galerías, así como de aguas desaladas o depuradas conlleva altos costes de consumo de energía que derivan en elevados precios del agua para el regadío agrícola. “Por ello, defendimos que en la última modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) se recogiera la obligación de establecer un sistema de compensación en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar en el Archipiélago la moderación de estos costes hasta alcanzar un nivel equivalente al de los agricultores y agricultoras de la Península”, agregó.
La Resolución recoge que las personas beneficiarias deberán repercutir, salvo que se trate de autoconsumo, la subvención recibida en el coste del agua, a las personas regantes en función del agua consumida, y deberán justificarlo en un plazo máximo de 60 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios (el 21 de diciembre).
El texto de la Resolución puede consultarse a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/2bf921d2-6b4a-47ea-b3d8-101c993cc10c
