Santa Cruz de Tenerife.- El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron con el coordinador territorial y la técnica del Servicio de Atención de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo y Clara Herrero, respectivamente, quienes presentaron el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, perteneciente al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, órgano adscrito al Ministerio de Igualdad y que es ejecutado en Las Palmas por CEAR y en Santa Cruz de Tenerife por CRE. En la reunión también estuvo presente por videoconferencia la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas.
Este Servicio está destinado a atender a todas aquellas personas que hayan sido discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito, con el objeto de asesorarlas, acompañarlas y dar respuesta a sus necesidades específicas, así como prevenir el racismo y la xenofobia, y sensibilizar y capacitar a las personas que lo sufren en el ejercicio de sus derechos.
“Queremos colaborar con la Diputación del Común y que nos ayude a difundir este Servicio, ya que sabemos que la Institución recibe numerosas reclamaciones por motivos de este tipo de discriminación. Con este Servicio no solo pretendemos elevar las quejas que recibimos, sino también sensibilizar, educar y orientar a otras instituciones, entidades sociales y a la propia ciudadanía para que sepa cómo defender sus derechos”, puntualizó el coordinador territorial de CEAR.
El Diputado del Común calificó de “oportuna” la visita de CEAR debido al incremento que se ha experimentado con la llegada de pateras a Canarias. “Esta llegada hace que crezca el riesgo de vulneración de derechos. En este momento es vital que se fortalezca el servicio para la detección de la edad de las personas migrantes que llegan a Canarias. Hay que determinar en muy poco tiempo si son menores o mayores de edad, ya que estas determinaciones tienen una consideración jurídica diferenciada. Mientras la persona mayor de edad corresponde a Extranjería y, por tanto, al Gobierno del Estado; el menor es competencia de nuestra Comunidad Autónoma y somos nosotros los que evaluamos la situación de los centros”.
