Sumario:
- Yanes: “es necesaria una Ley de Volcanes para proteger los derechos de la ciudadanía”.
- Tráfico dificulta la renovación del carnet de conducir a las mujeres con tratamiento de quimioterapia.
Yanes: “es necesaria una Ley de Volcanes para proteger los derechos de la ciudadanía”
El Diputado del Común, Rafael Yanes, expuso el Informe Anual 2022 de la Diputación del Común ante el Pleno del Parlamento de Canarias. Al acto también asistieron el adjunto primero, Felipe Afonso, la adjunta segunda, Milagros Fuentes, la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, el secretario general, Lázaro Brito, y el coordinador de asesores, Oliver Fariña.
Durante su exposición, Yanes reflexionó sobre algunos asuntos destacables del ejercicio 2022. Desde el organismo, “quiero trasladar una queja que no es de la ciudadanía, sino de la propia Administración. Me refiero a los alcaldes. Los municipios canarios no tienen suficientes habilitados nacionales”. Según el Informe, de 233 plazas, 168 están vacantes, lo que supone solo una cuarta parte.
Por ello, Yanes propone ante esta problemática “una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que nuestra Comunidad Autónoma pueda realizar la convocatoria para cubrir las vacantes existentes en su ámbito territorial, tal y como ya lo tiene el País Vasco”.
En relación al Tercer Sector, el Diputado del Común destacó la importante labor social que desempeñan para completar la acción pública y mantener el estado de bienestar. Y propuso “dotarlas de estabilidad económica y financiera para garantizar los derechos fundamentales de los más vulnerables de nuestra sociedad. Y para ello planteamos algunas sugerencias: anticipar las convocatorias relativas al 0,7 del IRPF para que los proyectos se inicien con posterioridad a su aprobación; estudiar la posibilidad de plantear proyectos plurianuales (2, 3, e incluso 4 años) para garantizar determinados servicios esenciales; y, garantizar en todas las convocatorias que a los trabajadores se les respeta el convenio colectivo correspondiente”.
Por último, el Diputado del Común quiso hacer una reflexión sobre la erupción volcánica de La Palma. “Lo sucedido nos demuestra que lo que dice nuestro himno “soy volcán, salitre y lava” es una realidad para la que no estamos preparados”.
Señaló, en esta misma línea, “posiblemente sea necesario un marco legal específico (una ley de volcanes) para poder proteger de forma ágil los derechos de la población damnificada, garantizar su recuperación socioeconómica y la reconstrucción de sus propiedades con arreglo al valor real de lo perdido, todo ello respetando los valores medioambientales”.
Tráfico dificulta la renovación del carnet de conducir a las mujeres con tratamiento de quimioterapia
El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, se reunieron con la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama ‘Amate’, Carmen Bonfante, y con una tinerfeña afectada, Arahiza Moujir, quienes denuncian la problemática con la que se encuentran las mujeres en tratamiento de quimioterapia para renovar el carnet de conducir.
Desde la Dirección General de Tráfico no permiten la renovación del permiso, como única alternativa ofrecen la posibilidad de renovarlo por un año, pero presentando un informe favorable por el departamento.
La tinerfeña afectada por esta situación, Arahiza Moujir, aunque presentó el informe señaló que “me lo han renovado solo por un año. Fue la primera vez que me hicieron sentir enferma. Según me argumentaron por los efectos secundarios, era un peligro”. También quiso denunciar que “al estar en medio de tratamiento de quimioterapia y tener un accidente, si no cuenta con un informe oncológico favorable, el seguro no se hace responsable”.
La presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama ‘Amate’, Carmen Bonfate, comentó que el grupo de abogados de la Asociación recurrirá la normativa de la DGT.
Por consiguiente, Arahiza Moujir presentará una queja en la Diputación del Común, que Rafael Yanes trasladará al Defensor del Pueblo de España, por ser competencia de la Administración del Estado, para que cambie la Ley.
