Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha dejado claro una vez más que la Consejería de Derechos Sociales no tiene ni plan, ni estrategia para luchar contra la pobreza en las Islas. A pesar de los datos preocupantes que siguen situando a Canarias como una de las comunidades con la tasa de exclusión social más elevada, «se siguen poniendo parches y haciendo más de lo mismo», cuando «la atención a la pobreza debería ser una prioridad para este Gobierno».
La diputada se ha referido al último informe de Cáritas, presentado el pasado 18 de enero, que confirma que un 29,1% de la población en Canarias está en riesgo de pobreza, por lo que esta organización ha considerado necesario perfeccionar el sistema de protección social a través de la mejora de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Espino ha recordado que en Canarias se han denegado ocho de cada diez solicitudes por lo que ha vuelto a preguntar una vez más a la consejera por qué en el País Vasco, con una situación similar a Canarias pero con una tasa mucho más baja de pobreza, se paga casi el mismo número de IMV.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, no ha respondido como tampoco lo ha hecho a la pregunta de la portavoz de por qué su Consejería no ha incrementado nunca los 30 millones del Plan de Lucha contra la Pobreza a pesar de que, en las Islas, el número de personas en situación de exclusión social es cada vez mayor. Espino ha lamentado que en 2020, Canarias no recibiera esos fondos estatales -los que se ejecutaron ese año fueron los de 2019- y que los de 2021 se retrasaran hasta octubre, lo que demuestra una total insensibilidad con las familias que lo están pasando mal.
Otra pregunta que la consejera Santana no quiso o no supo contestar fue si realmente van a ser «40.000 personas más» las que se van a beneficiar de la renta ciudadana, tal y como anunció recientemente, o «solo 12.000» si esa medida, tal y como explicó también, viene a sustituir la PCI y a complementar el IMV. La portavoz no entiende que el Gobierno haya tardado más de un año para poner en marcha la renta ciudadana, con lo que han dejado abandonadas a miles de familias en las Islas.
Sobre el anuncio de la contratación de 60 trabajadores, la diputada se ha interesado en conocer cómo se va a hacer y ha recordado que para aplicar este nuevo recurso es necesario sacar una nueva relación de puestos de trabajo. «Si no, me temo que va a seguir haciendo más de lo mismo en su Consejería, que es poner parches con contratos temporales a los trabajadores lo que lleva al problema de precariedad y abuso de temporalidad. Y, así, el sistema nunca va a funcionar».
Menores
En referencia a los menores extranjeros no acompañados, la diputada ha pedido «valentía» a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, para que exija a su propio partido (Podemos) en Madrid y al PSOE, con quienes gobiernan y tienen la mayoría en el Congreso, que cambien la ley y, de esta forma, la acogida entre comunidades «sea obligatoria y no se base en la solidaridad». Sobre este asunto, Espino preguntó por qué más del 60% de los menores están en Gran Canaria. ¿Falta solidaridad también entre las islas?
«El Gobierno de Canarias puede hacer mucho más de lo que está haciendo», ha asegurado la diputada que ha reclamado también el cumplimiento del decreto para la detección de la mayoría de edad que la ley exige que se realice dentro de 90 días y que, sin embargo, está tardando más de un año, con la consiguiente saturación de los centros de acogida.
