- Valido rechaza la privatización de las torres de control y reclama la cogestión en Canarias.
- Beato celebra que, tras más de un año, el Gobierno firme un convenio para la detección temprana de casos de desahucios.
Valido rechaza la privatización de las torres de control y reclama la cogestión en Canarias
La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, y el candidato al Senado, Jonathan Domínguez, rechazan la privatización de las torres de control que pretende el Gobierno de España y exigen la paralización del proceso que afecta a los aeropuertos de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur-Reina Sofría, y también a Gando-Gran Canaria.
Valido y Domínguez mantuvieron hoy (miércoles 21) una reunión con representantes de los controladores de los aeropuertos de Tenerife para analizar la situación laboral del colectivo y la pretensión del Gobierno de España de privatizar las Torres de AENA en la que estuvo presente presidente de la Unión Sindical de Controladores aéreos (USCA), Pedro Gragera.
Cristina Valido indica que «no podemos permitir que se cometa este atropello porque supondría un deterioro del servicio público del transporte y una pérdida de la calidad del mismo. La decisión del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que sigue las indicaciones de AENA, es un error y exigimos la paralización del proceso de privatización de manera inmediata».
La candidata nacionalista señala que «no sólo estamos ante una medida que va contra los controladores, sino también contra los usuarios, ya que dicha privatización no tendría ninguna repercusión en el precio de los billetes. Enaire presta un buen servicio y lo que hay que hacer es potenciarlo y mejorarlo, pero no privatizarlo».
Cristina Valido señala que la medida supone un ataque al Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge en el artículo 161, relativo a las infraestructuras del transporte, que «corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. En todo caso, esta competencia de la comunidad autónoma incluye el régimen jurídico, la planificación y la gestión de todas las infraestructuras del transporte, así como estaciones terminales de carga».
Por su parte, Jonathan Domínguez explica que «los controladores nos han trasladado su preocupación por este proceso que no sólo les perjudica a ellos sino al servicio que prestan a la ciudadanía. La privatización del servicio de control nos perjudica porque los aeropuertos son una infraestructura crítica por ser nuestra principal vía de conectividad y eslabón indispensable para nuestra principal fuente de riqueza y empleo, el turismo. Estamos hablando de dos aeropuertos como el de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur-Reina Sofía, que reciben millones de pasajeros al año, y que ya son altamente rentables para AENA».
Pedro Gragera asegura que «estamos totalmente en contra de la privatización de todas las torres de control de Canarias porque creemos que es una degradación del servicio. Esta privatización, a través de un proyecto de orden ministerial, ha sido instada por AENA, y a nuestro entender tiene un concepto muy erróneo del servicio que se tiene que dar. Los aeropuertos y el servicio de control es un medio para generar riqueza para Canarias y no tiene que ser un fin para magnificar los beneficios porque eso, al final, genera un deterioro del servicio. Eso lo estamos viendo ahora en La Gomera y en El Hierro, donde hay servicio de información de tráfico cuando no es de control».
«Estamos en un contexto donde las tasas más bajas de Europa son las de Canarias. ¿Cómo es posible que con las tasas más bajas nos encontremos en esta situación? Nosotros no lo entendemos y, además, pedimos que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que el Gobierno de Canarias debe participar en la gestión de los aeropuertos. Tenemos que entender a los canarios como un todo, sin que haya de primera y de segunda. No podemos encontrarnos como en Lanzarote y en Fuerteventura se esté dando el servicio por una empresa como Saerco, donde los controladores llevan más de ocho meses en huelga con unos servicios mínimos del 100%. Le pedimos ayuda a Coalición Canaria en el avance para tener un mejor servicio y no el deterioro del mismo», explica Gragera.
De esta forma, Cristina Valido y Jonathan Domínguez rechazan los procesos de lowcostización promovidos por AENA y defienden el servicio de control aéreo en los aeropuertos canarios a través de una empresa canaria que garantice la integridad, seguridad y calidad de un servicio esencial y estratégico para la sociedad.
Beato celebra que, tras más de un año, el Gobierno firme un convenio para la detección temprana de casos de desahucios
La diputada electa del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, ha celebrado esta tarde que, “tras más de un año de aprobarse por unanimidad en el Parlamento, se haya suscrito un convenio entre el Gobierno de Canarias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios para la detección temprana de los supuestos de vulnerabilidad derivados de lanzamientos y desahucios”.
Sorprende, “que en tiempo de descuento y con el Gobierno en funciones, sea cuando se den prisa” para culminar lo que han tenido abandonado durante estos cuatro años, en los que no han sido pocas las veces, en las que la diputada nacionalista ha lamentado “la falta de voluntad política” para mitigar la pérdida sobrevenida de recursos económicos y de la capacidad a la que se han visto sometida trabajadores, autónomos y familias, “para hacer frente al pago del préstamo hipotecario o a su disposición para asumir el abono mensual de la renta pactada en su contrato de arrendamiento”.
Frente a esta realidad, destaca la importancia de que exista coordinación y conocimiento temprano entre las instituciones “para que las administraciones públicas sean capaces de identificar situaciones de vulnerabilidad y adoptar medidas alternativas de auxilio y protección a las familias en riesgo”.
Por este motivo, “si no se actúa con rapidez, las consecuencias siempre tienen más riesgo de ser irreversibles”, subrayó la nacionalista, que defendió la importancia de que, desde hoy, y con la firma del convenio, “Canarias se sume a las comunidades autónomas que ya lo tienen y permita el auxilio y el apoyo real a las familias afectadas dado que las consecuencias económicas y sociales derivadas del impacto de la Covid-19 en el Archipiélago, “han hecho incrementar los desahucios y cada vez son más quiénes se encuentran en grave riesgo de exclusión social”, advirtió.
