Las Palmas de Gran Canaria.- El portavoz de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo Insular, José Miguel Bravo de Laguna, ha anunciado que su formación ha presentado una enmienda al Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía PTP-15, porque supondría la expropiación de casi 300 viviendas en los citados municipios, por lo que propone que estas expropiaciones queden fuera del Plan.
Pese a coincidir con la necesidad del resto de acciones contempladas, que incidirán positivamente en el desarrollo económico de la zona, Bravo de Laguna incide en la consolidación de las viviendas por haberse construido en tiempos inmemorables y, sobre todo, por ser vivienda única y habitual en el caso de la mayoría de las familias afectadas. “Creemos que, en lo que afecta en particular a las propiedades privadas ubicadas en la costa, la solución es, por una parte, excesivamente drástica, y afecta a intereses privados, pero también a las propias competencias municipales de los ayuntamientos afectados, toda vez que este instrumento de planificación, al integrarse en la modificación que en este momento se está llevando a efecto del PIO, obligará a los municipios a realizar determinaciones urbanísticas que afectan de manera singular a esas más de 300 viviendas e inmuebles, en general, afectados por el objetivo de la recuperación del litoral”, señaló el portavoz de Unidos por Gran Canaria.
Por otro lado, la aplicación de la Ley de Costas con estos mismos criterios recogidos en el PTP 15, de aplicarse con igual rigor en otras zonas de Gran Canaria, desde la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta los restantes municipios de costas de la isla, podría producir unos efectos demoledores sobre construcciones, viviendas e inmuebles que podrían resultar afectados por dicha aplicación de la legislación sobre recuperación del litoral, y no queremos imaginar las devastadoras consecuencias que tendría.
Sin duda, la recuperación del litoral es un objetivo deseable, pero hay que hacerla mediante el consenso y la negociación con los propietarios, con garantías para las familias afectadas, y más en los tiempos que corren, con la constatación de la inminente llegada de una crisis económica que acarreará gravísimas consecuencias sociales.
Nuestra isla está llena de edificaciones que no atienden a un orden urbanístico ni a un criterio de equilibrio natural, pero no podemos desalojar a las familias que las habitan, porque estaríamos desamparando a esas personas, “yo también tuve propuestas de desalojo encima de mi mesa, y mucho más ambiciosas, pero me negué a pasar a la historia como el Presidente del Cabildo que dejó a esa gente sin hogar” – señaló el portavoz de Unidos por Gran Canaria – para quien lo que hay que hacer es evitar que se cometan, en el futuro, los mismos errores del pasado.
Llegan tiempos complicados, y, ahora, más que nunca, hay que estar al lado de las familias, la Administración no debe aumentar el sufrimiento de los ciudadanos, lejos de eso, debe crear los mecanismos para atenuar los efectos de la crisis, y, desde luego, la fórmula no pasa por la expropiación de sus viviendas.
