Santa Cruz de Tenerife.- Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) defiende la puesta en marcha de un programa de ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes en Santa Cruz de Tenerife consistente en que el Ayuntamiento cubra las garantías y otros posibles gastos iniciales que, para muchas personas en esta franja de edad (18-35 años), supone una dificultad más para el acceso a una vivienda.
En una moción incluida en el orden del día del Pleno previsto para este viernes 30 de septiembre, Espinosa plantea que el Ayuntamiento, durante al menos dos años, actúe de avalista a jóvenes en los contratos para rentas mensuales de hasta 600 euros, o bien cualquier otra fórmula legal con igual finalidad y efecto, como financiar un seguro de impago.
Las personas propietarias de viviendas tendrían que inscribirse en un registro municipal de viviendas vacías y participar en este programa les beneficiaría además con una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La edil plantea que a estas ayudas podrían acogerse inquilinos e inquilinas cuyos ingresos totales no superaran tres veces el IPREM (cuya cantidad está fijada en 2022 en 579 euros mensuales).
La concejala de la confluencia de izquierdas expone en su moción que en 2021 Canarias fue la quinta comunidad autónoma con una menor tasa de emancipación residencial juvenil de España, pues tan solo el 14,5 % de la población joven del Archipiélago había conseguido abandonar el hogar original.
Las razones, según detalla la edil, son múltiples: de un lado, la alta tasa de paro y de población en riesgo de pobreza y exclusión social, y, de otro, la falta de suficientes viviendas de protección oficial y el encarecimiento de la renta de las viviendas en el mercado libre.
En este contexto, advierte Espinosa, «cuando una persona joven pretende alquilar una casa, se encuentra con la dificultad de la exigencia de unas garantías y gastos para poder formalizar el contrato con la propiedad del inmueble, requisito que llega a impedir cerrar el acuerdo y, por tanto, el joven o la joven no pueden ejercer el derecho constitucional a una vivienda digna, un obstáculo que puede contribuir a eliminar el Ayuntamiento con la iniciativa propuesta».
