Santa Cruz de Tenerife.- En la exposición de motivos de su propuesta, Espinosa argumenta que la regulación del alquiler vacacional en zonas residenciales constituye una necesidad social para prevenir que esta modalidad extrahotelera dispare el encarecimiento y la escasez del mercado inmobiliario residencial, así como evitar problemas de convivencia entre el uso turístico y el residencial, entre otros factores.
En Canarias se estima que hay cerca de 39.000 viviendas anunciadas como alquiler vacacional y Tenerife es la isla con mayor número, 15.053 ofertadas y 62.056 camas, mientras que Santa Cruz tiene el 1,19% de sus viviendas dedicado al alquiler vacacional, según datos de 2020, por lo que se está a tiempo en la capital de regular este fenómeno, que tiende a acelerarse gracias a las plataformas digitales.
La concejala de la confluencia de izquierdas reconoce que regular esta actividad «no está siendo fácil (como ocurrió con el Reglamento decretado por el Gobierno canario en 2015) con litigios por parte de asociaciones del alquiler vacacional y sentencias judiciales que han obligado a ir definiendo mejor el alcance y el método de esta regulación», pero sostiene que «ello no es óbice para que diferentes ayuntamientos en España hayan aprobado ordenanzas sobre esta materia, como Barcelona, San Sebastián y Bilbao; y, desde 2020, Las Palmas de Gran Canaria, donde se modificó su Plan General de Ordenación para establecer restricciones.
En la actualidad, el Gobierno canario tramita un decreto para aprobar un Reglamento de Viviendas de Uso Turístico.
La edil subraya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló en 2020 exigir autorización administrativa previa para el alquiler de viviendas residenciales a turistas, con el objeto de garantizar una oferta suficiente de las destinadas al arrendamiento a largo plazo a precios asequibles. Y en España, el Tribunal Supremo también dio la razón al Ayuntamiento de Bilbao en su competencia para regular el alquiler vacacional en su Plan General, pues sentenció que un consistorio “se halla legitimado e incluso obligado a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico, sin que resulte razonable la alternativa de dejar en manos del mercado la decisión al libre albedrío de los propietarios de las viviendas, puesto que ello puede poner en peligro el derecho a la vivienda de los ciudadanos, ya sea por la insuficiencia del parque residencial resultante, por el encarecimiento de los arrendamientos con una finalidad residencial”.
Espinosa recuerda que el propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), anunció en 2018 una ordenanza en esta materia, aunque en 2020, si embargo, el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), descartó elaborarla, pero sí se mostró dispuesto a evitar que grandes empresas se hagan con edificios al completo y exploten los pisos como alquiler vacacional.
En este sentido Espinosa reconoce que el alquiler vacacional representa una fuente complementaria de ingresos para muchas familias canarias, aunque advierte de la necesidad de frenar especialmente que grandes inversores, quienes además no residen en la ciudad, utilicen esta modalidad extrahotelera en inmuebles residenciales.
Hay que tener en cuenta que, mientras la población de Tenerife no para de crecer, Santa Cruz pierde habitantes, y la principal hipótesis para explicarlo tiene que ver con la dificultad para acceder a una vivienda por la especulación en el mercado inmobiliario, según expuso el profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna Luis Jerez ante la Comisión parlamentaria sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias.
A ello hay que añadir los preocupantes datos del sinhogarismo en Tenerife que refleja un estudio realizado en 2021 por Cáritas Diocesana, que identificó a 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla, de las que mil se encuentran en Santa Cruz.
