Santa Cruz de Tenerife.- Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) llevará a la próxima Comisión de Control el problema de los ruidos que de madrugada provoca la concesionaria de la recogida de residuos sólidos al retirar la basura de los contenedores soterrados.
Con este fin, la concejala Dolores Espinosa ha solicitado la comparecencia en este órgano del edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, para conocer qué medidas piensa tomar el gobierno municipal para que se garantice el derecho al descanso de los vecinos y de las vecinas de las zonas afectadas.
En los Tagorores de Salud-La Salle y Centro-Ifara, los vocales en representación de UP han solicitado que se elabore un estudio sobre el impacto acústico que generan estos camiones.
Algunos colectivos vecinales llevan años presentando denuncias, al menos desde 2015, y también presentaron alegaciones al Plan de Acción contra el Ruido que elaboró el Ayuntamiento para enviarlo a la UE. Según refieren a UP residentes de los citados distritos, el ruido es insoportable y exigen por ello que se tomen medidas de una vez.
Espinosa afirma que esta contaminación acústica «vulnera los derechos fundamentales a la salud, inviolabilidad del domicilio e intimidad personal», pues esta situación provoca a la población afectada síntomas como ansiedad, migrañas y otras patologías.
De ahí que la edil de la confluencia de izquierdas urja al gobierno municipal a que se haga un estudio desde el punto de vista acústico y del impacto ambiental de los camiones que circulan por calles estrechas donde hay contenedores soterrados, que mida los decibelios en las fachadas de las viviendas afectadas, así como de los horarios y duración de esas labores.
Sentencias judiciales europeas
A juicio de la concejala, el Ayuntamiento no debe obviar ni minusvalorar este problema pues la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha dictado sentencias contra el Estado español por no proteger adecuadamente a los ciudadanos frente a las inmisiones acústicas en sus domicilios particulares.
En esas resoluciones judiciales se sienta la doctrina de que el ruido no solo afecta la salud física y mental (artículo 15 de la C.E) sino también al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 CE), y que la actividad de la Administración, en concreto de los ayuntamientos, que tienen competencias en virtud del artículo 25.2 b de la Ley de Bases de Régimen Local, en particular en medio ambiente y protección contra contaminación acústica, deben proteger estos derechos fundamentales de una manera eficaz (artículo 103.1 CE).
A esto hay que unir la escasez de personal con la que la empresa Valoriza realiza este servicio en Santa Cruz, una insuficiencia de plantilla de la que ya advirtió un informe técnico del Ayuntamiento, cuando previno de que esta multinacional no iba a poder cumplir por este motivo los objetivos de mejoras en el servicio que ofertó y por los que, pese a todo, se llevó la máxima puntuación.
