Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hace un llamamiento para que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Granadilla impidan que la empresa DesoKupa expulse de sus viviendas, en San Isidro, a 48 familias, en situación de exclusión social. Asimismo, el portavoz municipal exige que no se permita a Desokupa asumir un ejercicio de funciones de autoridad, que es tan ilegítimo y tan incompatible con la democracia como encomendarles disolver manifestaciones. Hay que poner fin a estas prácticas antes de que se extiendan a otros municipios.
Trujillo afirma que las autoridades de un Estado democrático no pueden aceptar que una empresa filofascista, que describe públicamente como “gentuza” a las 48 familias en situación de exclusión social, les corte el agua potable y, además, amenace con expulsarles de las viviendas generando un clima de coacción y de potencial uso ilegítimo de la fuerza. Y, además, actúen amparadas por la presencia de la Guardia Civil. Las instituciones del Estado no deben delegar sus competencias, aunque sea por omisión, en grupos de ideología autoritaria como DesoKupa.
El portavoz de Unidas Podemos afirma que los municipios de la Isla no deben permanecer callados ante la generación de un estado paralelo, privado y autoritario, destinado a combatir a las personas en exclusión social y a generar un clima de odio contra las personas pobres. Los municipios y las instituciones de la Isla deben actuar para evitar la degradación de la democracia que conlleva delegar funciones del estado en organizaciones de extrema derecha.
Unidas Podemos expresa el apoyo al Sindicato de Inquilinas y a la Plataforma Montaña Clara por el papel fundamental que están jugando en la defensa del derecho a la vivienda de las 48 familias de la calle Isla de la Graciosa de San Isidro, que las administraciones no han sabido, o no han querido, garantizar.
El portavoz de Unidas Podemos, en la capital tinerfeña, afirma que las instituciones tienen que garantizar solución habitacional a las 48 familias de San Isidro y que, asimismo, deben protegerlas de los actos de Desokupa y actuar de inmediato contra cortes de agua y luz. Es inaceptable que se permita la actuación de grupos privados para expulsar de sus viviendas a personas que se encuentran en situación de exclusión social.
