Nada más estallar el conflicto bélico de Ucrania, las mafias que trafican con seres humanos se encontraban preparadas a ambos lados de la frontera con el fin aprovechar el éxodo masivo y captar mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es la otra cara de los conflictos armados, los que se aprovechan de colectivos vulnerables para lucrarse.
Nuestro país sigue encabezando las listas de lugares con mayor demanda de prostitución del mundo y Canarias, como zona de ocio y turismo, ha dejado de ser un lugar de tránsito para convertirse en un destino frecuente para llevar a cabo esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Tanto es así, que en los últimos años ha aumentado un 30%.
El año pasado fueron liberadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil un total de 1.056 víctimas de redes de trata y delitos de explotación sexual o laboral, entre las que había menores. En España, el 26% de las mujeres prostituidas empezaron a ser explotadas antes de los 14 años, tal y como fue expuesto en las jornadas sobre la trata con fines de explotación sexual que se desarrollaron el pasado mes de septiembre en la isla de Gran Canaria. Estos datos demuestran la magnitud del problema.
Para hacer frente a esta lacra es fundamental que la lucha contra este fenómeno se convierta en una prioridad y, para ello, se deben combinar varios factores. Por un lado, necesitamos un marco regulatorio y punitivo sólido en los países de destino para todos los operadores que se lucran de estos delitos, descargando a las víctimas de la denuncia para activar la actuación policial y judicial. Y por otro, es fundamental reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios personales y materiales para que su actuación tenga un mayor alcance. Debemos proteger a las víctimas de estos delitos para que puedan declarar sin temor a que su vida o la de sus familiares corra peligro.
Asimismo, la colaboración de los países de origen donde se captan estas mujeres y niñas, en los que encontramos grandes núcleos de población que presentan una extrema vulnerabilidad, es esencial.
Desde la creación de la Adjuntía de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, siempre hemos tenido claro que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es uno de los temas más graves en cuanto a violencia de género se refiere. Así lo hemos puesto de manifiesto a través de las distintas actuaciones de oficio que han tenido como objetivo solicitar protocolos de actuación coordinada y jornadas divulgativas para dar visibilidad a esta realidad en Canarias.
No podemos estar de brazos cruzados ante una práctica que sigue en auge en la actualidad y que vulnera los derechos fundamentales de tantas mujeres y niñas en todo el mundo. Los poderes públicos debemos ofrecer apoyo y alternativas a las víctimas, así como perseguir firmemente un delito que apenas se denuncia debido a la vulnerabilidad del grupo que la sufre.
Beatriz Barrera Vera. Adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común.
