Madrid.- La Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Alta ha aprobado hoy una moción presentada por el senador del PSOE por Gran Canaria Ramón Morales, para solicitar al Estado que impulse la aplicación efectiva de las medidas relativas a la regulación y el desarrollo de la figura del Asistente Personal, con el objetivo de favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.
La moción, que ha sido aprobada por 25 votos a favor y 3 abstenciones, nace a raíz de una petición de la Asociación ADEPSI, realizada al senador grancanario tras haber mantenido una reunión con sus miembros. «Este planteamiento persigue seguir avanzando en la consecución de más derechos y libertades y que en esta sociedad nadie se quede atrás», destaca Morales.
Durante su intervención, Morales destacó que la asistencia personal es un derecho de las personas con discapacidad, reconocido por las Naciones Unidas como una vía para hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
En este sentido, el senador recordó que este concepto está recogido también en el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el marco del nuevo modelo de cuidados de larga duración.
«El asistente personal es aquella persona que ayuda a realizar las tareas cotidianas de otra que, por su situación, no puede ejecutarlas por sí misma o le presentan dificultad. Pero esto va más allá del servicio que ofrecen, por ejemplo, las administraciones insulares o locales de ayuda puntual para el día a día. De esta forma, el asistente se define como una figura de auto-ayuda, ya que la decisión de contar con esta prestación siempre la inicia y la decide la persona con discapacidad», ha apuntado Morales.
El senador grancanario señala que la moción también solicita la inclusión del Asistente Personal en el Fichero de Especialidades vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones del Servicio Público de Empleo Estatal; concretamente, en la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. «Esto permite la especialización de la figura profesional prestadora del servicio, ya que en nuestro ordenamiento jurídico se carece de una regulación general «, indicó.
«La asistencia personal en nuestro país es un concepto relativamente nuevo y tiene un largo camino por recorrer social, jurídica y administrativamente, y se necesita, también, de una formación específica», explicó el senador. Por ello, a nivel jurídico, también es necesaria la regulación en sus diferentes ámbitos, como es el acceso a la prestación.
Ramón Morales recalca que una de las medidas fundamentales para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, «máxime si son dependientes», es que cuenten con la colaboración de una figura profesional que les preste el apoyo necesario para llevar a cabo su propio proyecto de vida independiente o ayudar a reducir o eliminar el estrés que se produce entre estas personas y su entorno familiar.
