Santa Cruz de Tenerife.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Gobierno de Canarias que ponga en marcha la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, como punto de partida para abordar otras cuestiones referidas a la retirada de símbolos franquistas en el Archipiélago y evitar, además, generar inseguridad jurídica en actos administrativos relacionados con la aplicación de la Ley. Esta petición la ha trasladado en el marco de la Comisión Técnica celebrada esta mañana, en la que estaban presentes el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra.
Durante el encuentro se ha recordado a los responsables del Gobierno de Canarias que la propia Ley de Memoria Histórica recoge, en su artículo 9, que el Ejecutivo autonómico debe impulsar una estrategia en este ámbito, que recoja los objetivos, prioridades y financiación que deben regir el proceso de aplicación de dicha Ley, y que es clave para conocer qué marco van a trabajar las diferentes administraciones implicadas.
En concreto, en su apartado tercero dice la Ley que “la colaboración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con las entidades locales del archipiélago y con entidades privadas para la realización de actuaciones en materia de memoria histórica estará condicionada a que estas estén contempladas o sean conformes con los objetivos y prioridades establecidos en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias”. Cabe recordar que dicha Estrategia, tal y como recoge la Ley, debe ser informada previamente en la Comisión Técnica y debatida en el Parlamento de Canarias, antes de ser aprobada.
El alcalde ha manifestado que Santa Cruz de Tenerife “no parece lógico que el Gobierno apruebe un catálogo que sólo hace referencia a un municipio, aplicando la Ley solo en Santa Cruz” y ha añadido que la falta de dicho catálogo de ámbito autonómico y de la citada Estrategia genera inseguridad jurídica en los actos administrativos que se deriven de la aplicación de la Ley. José Manuel Bermúdez ha querido insistir en que “Santa Cruz aplicará la Ley en los términos en los que ésta se expresa, pero las administraciones necesitamos seguridad jurídica para el desarrollo de los actos administrativos derivados de ella”.
Por su parte, Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde, ha explicado que durante el encuentro ha expresado sus dudas referidas a “la naturaleza del encargo de la comisión de un estudio monográfico de Santa Cruz de Tenerife y, además, respecto a los criterios que se están utilizando para priorizar los mandatos de la Ley de Memoria Histórica, pues además del catálogo autonómico, recoge también el desarrollo de una Estrategia definida y otros asuntos vinculados a dicha normativa”.
Santa Cruz de Tenerife ha recordado además durante la reunión que el catálogo al que hace referencia la Ley de Memoria Histórica de Canarias debe cubrir el ámbito territorial del Archipiélago, tal y como dice la propia norma, y no sólo un municipio, y que la incorporación de dichos símbolos al documento y su posterior aprobación es condición para la retirada de dicha simbología franquista.
