Santa Cruz de Tenerife.- El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, advierte de que el crecimiento poblacional desmesurado compromete la recuperación social y económica de las islas. A su juicio, dificulta la capacidad de absorción del mercado laboral, pese a registrar datos históricos de cotizantes a la Seguridad Social; tensiona las infraestructuras existentes –carreteras, viviendas, instalaciones hospitalarias o educativas, depuradoras de agua o tratamiento de residuos–, multiplica los problemas de la movilidad terrestre e incrementa la demanda eléctrica, la ocupación territorial y el consumo de agua. En suma, amenaza la sostenibilidad.
Rodríguez recuerda que Canarias ha experimentado un crecimiento poblacional superior al 30% en lo que va de siglo, aumentando en más de medio millón su número de habitantes. En el mismo periodo, el País Vasco –territorio de tamaño similar al isleño– crecía un 3,76% (unas 80.000 personas), lo que supone ocho veces menos que el incremento porcentual de nuestra comunidad y ya tiene menos población que las islas. El conjunto del Estado español lo hacía en un 17%, algo más de la mitad que nuestra tierra. Si tomamos como referencia el año 1990, la población en Canarias ha subido casi un 52%, frente al 2,9% del País Vasco y el 22,1% del promedio estatal.
De ese aumento demográfico de Canarias (530.000 habitantes más en apenas dos décadas), solo una parte –unos 70.000– se corresponden al crecimiento vegetativo (número de nacimientos menos el número de defunciones). El resto, unos 460.000, son personas que llegaron de otras partes del mundo, fundamentalmente de otras comunidades autónomas y de la Unión Europea, circunstancia muy relevante frente a los discursos xenófobos selectivos. De la actual población extranjera en las islas, el 53,28% procede de estados de la UE (sobre todo, y por orden, italianos, ingleses y alemanes) frente al 25,77% de América y solo el 10,23% de África, porcentajes que deshacen prejuicios.
Más concretamente, la ganancia de residentes en el archipiélago se debe, en el último año, a la población extranjera dado que el saldo vegetativo (nacimiento frente a defunciones) es negativo. De 2.252.565 habitantes, ya 287.488 (un 13%) son extranjeros.
El vicepresidente del Gobierno subraya que la progresión no es lineal en todas las islas. Frente a procesos de superpoblación en las islas de Gran Canaria y, especialmente, Tenerife, se encuentra un crecimiento sobresaliente en Fuerteventura y Lanzarote, donde la población autóctona comienza a ser minoritaria. En La Palma, La Gomera y El Hierro, la población se estanca o, incluso, desciende lo que aboca a respuestas específicas y adecuadas a sus realidades.
2,5 millones de habitantes
Las proyecciones incluidas en el informe del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) para dentro de once años, sitúan a nuestro archipiélago con 2,5 millones de habitantes. “Una barbaridad insostenible desde cualquier punto de vista”, enfatiza Román Rodríguez. Tenerife superaría el millón, con una población extranjera en torno al 29%. Gran Canaria aumentaría más moderadamente, un 9%, hasta llegar a los 920.000 y con un 17% de población extranjera. Fuerteventura aumentaría hasta un descomunal 45% su actual población, siendo minoría la población autóctona, y Lanzarote ascendería un 29%, con 192.792 habitantes, de los que el 38%, 73.260 personas, serán residentes extranjeros.
“Un proceso demográfico tan descontrolado provoca distorsiones que obligan a un ejercicio de estudio, rigor y eficiencia en el que se parta de la premisa de que hablar de población es hablar de modelo económico. Esta es la única manera de controlar la demografía”, explica. Por eso, “ha de ser clave, de verdad, el papel de la comisión de estudio sobre el reto demográfico constituida en el Parlamento canario”.
“Las previsiones a una década vista no solo lastrarían la recuperación social y económica que todos los datos de esos ámbitos confirman, sino que cabe el riesgo cierto de que multipliquen algunos de los problemas que hay padecemos hoy, especialmente los vinculados a la sostenibilidad”, apunta el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Tanto los datos actuales como sus proyecciones a corto y a medio plazo “aconsejan medidas urgentes y audaces, no solo diagnósticos y propuestas. Han pasado casi dos décadas desde que el Comité de Expertos que promoví como presidente del Gobierno presentara sus conclusiones sobre este asunto, tan vigentes como inaplicadas”.
En ese informe, concluían que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial. Las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”. Destacaban ya entonces que los llegados a finales del siglo XX y comienzos del XXI eran, fundamentalmente, gente joven con hijos pequeños o que los tenían una vez establecidos en las islas. Suponiendo, por tanto, un mayor peso del grupo potencialmente activo laboralmente en el conjunto de la población.
Por otra parte, las conclusiones del Comité de Expertos resaltaban la importancia de las directrices de ordenación territorial y las sectoriales del turismo –aprobadas por el Parlamento en 2003– para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional como única opción factible para reorientar la situación, dada la complejidad o imposibilidad de una ley de residencia restrictiva de la libre circulación en el marco europeo. Pero gobiernos sucesivos hicieron decaer esas normas. Así que las actuaciones políticas demográficas deberían estar subordinadas “a las opciones de desarrollo futuro en el ámbito de la economía y del medio ambiente, en particular”.
Debate riguroso y sin dilaciones
Casi veinte años después de aquel documento, “el debate vuelve a abrirse y deseamos que sea de forma rigurosa y sin posiciones cerradas previas. Lo que parece claro es que, desde Canarias, debemos buscar fórmulas que posibiliten frenar un crecimiento poblacional descontrolado para seguir reduciendo el desempleo, mediante una gestión adecuada del territorio y de los recursos naturales. Solo así puede evitarse el desfase de nuestros servicios públicos y el caos circulatorio en las carreteras, a la vez que promover la sostenibilidad. Pero este debate no puede dilatarse otras dos décadas. Ni tan siquiera una porque las dos crisis acaecidas desde entonces requieren actuaciones lo más inmediatas posibles”, sentencia Román Rodríguez.
