Santa Cruz de Tenerife.- El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha logrado que la Corporación insular se comprometa a desarrollar un proyecto formativo para las personas con discapacidad y sus familias sobre las medidas preventivas a seguir en caso de la COVID-19. La consejera nacionalista, Juana María Reyes, muestra su satisfacción y agradecimiento a todos los partidos que apoyaron su moción “mediante la cual también se revisará el modelo de centros residenciales de personas con discapacidad, de forma que permita una mayor relación familiar y, por tanto, reduzca las percepciones de soledad y abandono que puedan tener las personas con discapacidad”.
Juana María Reyes recuerda que la discapacidad en sí misma no implica un mayor riesgo de contagio de la COVID-19, salvo que las personas tengan asociadas otras patologías, “pero sí se puede producir un empeoramiento de su estado de salud, de discapacidad o incluso de algunos de sus derechos como ciudadanía debido a las medidas de prevención extremas frente a la COVID-19, que signifique privación psicoafectivas, reducción de estímulos o a los obstáculos para el acceso a información, los servicios sociales, atención médica, inclusión social y educación”.
La consejera de CC-PNC explica que durante estos meses de evolución de la pandemia ha originado un mayor deterioro cognitivo de las personas con discapacidad y de sus condiciones físicas, a lo que hay que añadirle “una importante privación psicoactiva, ya que en muchas ocasiones, las personas con discapacidad se han visto privadas del contacto con familias y amigos residentes fueran de los centros residenciales, que han continuado fuera del levantamiento del estado de alarma, aún con la intención de protegerlos de contagio y enfermedad, lo cual en muchos casos podría interpretarse como una afectación de sus derechos”, añade Reyes.
La moción institucional aprobada en la Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social también contempla instar al Gobierno de Canarias para que conjuntamente con los Cabildos Insulares, y oídas las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad “a desarrollar un protocolo de intervención adaptado a los niveles de riesgo de las personas con discapacidad y a los distintos ámbitos de actuación, domicilio, centros de día y centros residenciales que consiga equilibrar las medidas preventivas a seguir y minimizar los efectos sobre deterioro cognitivo, pisco-afectivo y físico de las personas con discapacidad”.
