Madrid.- El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, logró ayer el respaldo del Senado para que el Estado ejecute las sentencias del Tribunal Supremo y por tanto, transfiera a Canarias los más de 1.000 millones que aún se le adeudan por incumplimiento del Convenio de Carreteras en los años 2012, 2013 y 2014. Al término de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que se votó la moción del nacionalista, lamentó el voto el contra del PSOE, única formación que rechazó la iniciativa de CC-PNC, y recordó que es “vital” para Canarias que se firme un acuerdo para la transferencia de esos fondos o se transfieran los mismos antes de que finalice noviembre para que puedan ser incorporados al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021.
Clavijo recordó en su intervención que con una caída de ingresos del 40% esos 1.000 millones de euros “son los que permitirán hacer frente a una situación muy dura para mi tierra” con una tasa de paro que, sin los ERTE, supera el 40%, la paralización de su principal actividad económica y un desplome del PIB con cifras que doblan los peores pronósticos para el resto del Estado. Por ello, el senador insistió en la necesidad de que esos 1.000 millones “puedan incorporarse en el próximo presupuesto de la Comunidad Autónoma” y por ello insistió en que la firma se produzca lo antes posible para que esos fondos puedan incorporarse al presupuesto de la Comunidad Autónoma y se destinen así a paliar las graves consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
El senador nacionalista recordó en su intervención el grave quebranto que supuso para la Comunidad Autónoma que en lo peor de la anterior crisis el Estado rompiera unilateralmente el convenio de Carreteras y dejara sin financiación obras que estaban ya iniciadas y que tuvo que afrontar el Ejecutivo autónomo. “Tuvimos que llevar al Gobierno central a los tribunales y después de un largo litigio, nos dieron la razón pero la realidad es que, dos años y diez meses después de la última sentencia, habiendo incluso presentado un incidente de ejecución de sentencia ante la Audiencia Nacional, el dinero no ha llegado a las islas”.
“Sobran las buenas palabras y las buenas intenciones si los hechos no las respaldan y lo que está claro es que ese dinero no ha llegado ni siquiera”, agregó, “los 500 millones que el gobierno socialista intentó computar como déficit y que impedían a Canarias utilizarlos”, apuntó el senador de CC-PNC.
Por ello, el senador insistió en que el Estado recoja por escrito “o bien la transferencia de ese dinero o bien un acuerdo de ejecución que permita a Canarias hacer uso de ese dinero en atender a las familias que ahora mismo peor lo están pasando” y recordó que “no estamos pidiendo más dinero para Canarias; estamos pidiendo que se transfiera el dinero que es de todos los canarios y que se ejecuten sentencias del Tribunal Supremo”.
