Santa Cruz de Tenerife.- Veinte meses desde que se declarara el Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia, un año después del primer Manifiesto REF y casi tres meses de la erupción del volcán en La Palma, representantes sociales y económicos de Canarias denuncian la paralización en la adaptación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que, aseguran, “sigue confinada”.
Según los firmantes del manifiesto, que representan a colegios y asociaciones profesionales, universidades, cámaras de comercio y patronales empresariales, “el REF no fue diseñado para afrontar circunstancias tan excepcionales, quedando muchos de sus mecanismos e instrumentos notablemente erosionados con motivo de la pandemia y del volcán. Y, la sociedad canaria no se merece la indiferencia ni más dilaciones en periodos como el que estamos viviendo”.
Según se indica en el manifiesto, el REF debe permitir acortar los sobrecostes que se padecen en el archipiélago canario por su condición de región ultraperiférica, lo que dificulta la creación y mantenimiento del empleo en las islas y que por ello contiene herramientas incentivadoras de la inversión y el empleo que están inadaptadas a la situación actual.
Este condicionante estructural de la ultraperiferia “se ha visto agravado por adversas circunstancias generadas por la pandemia y el volcán y ha supuesto la parálisis temporal de sectores vitales de la economía regional (…). Indudablemente, Canarias ha sido una de las regiones más castigadas del panorama nacional y europeo, por su lejanía, insularidad y dependencia de los sectores más afectados, y ha soportado una fuerte contracción de la economía y el empleo que debe revertirse con urgencia”, y desde Madrid no se ha hecho prácticamente nada.
Es por ello que los firmantes de este segundo manifiesto demandan que “los aspectos fiscales del REF deben ponerse al servicio de la reconstrucción social y económica de Canarias”, pues, añaden, “es imprescindible que Canarias cuente con un marco tributario con seguridad jurídica que aporte un grado de certeza razonable en el uso y aplicación de los mecanismos e incentivos del REF”.
Las entidades firmantes aseguran que el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, propuesto por el Gobierno de Canarias y refrendado por el Parlamento en mayo de 2020, “se hacía eco de la necesidad de modificar y adaptar a las actuales circunstancias instrumentos del REF tales como la RIC, DIC, ZEC y los límites a las ayudas de estado regionales con flexibilidad. Adquiriendo el compromiso de eliminar los obstáculos que dificultan su aplicación y aprovechamiento”.
Sin embargo, “muy poco de todo esto se ha concretado hasta hoy y continúan siendo muy numerosas las incertidumbres y lagunas que poseen en estos momentos los aún inadaptados incentivos fiscales del REF”, indican.
Por ello estiman que es urgente la flexibilización de los plazos de inversión, de los periodos de uso de dichas inversiones, de los requisitos vinculados a la creación de empleo y la aclaración de los preceptos legales que generan incertidumbre para evitar que se retraiga el impulso que los incentivos del REF deben provocar para contribuir a la recuperación de la actividad económica y el empleo en las islas.
“No caben excusas ni más dilaciones, nuestros gobernantes y representantes políticos conocen los documentos de aportaciones técnicas y las propuestas de medidas efectuadas”, desde hace más de año y medio y la solicitud colectiva expresada en el manifiesto por Canarias de finales del año pasado, recalcan los firmantes.
Firmantes del Manifiesto de adaptación del REF
Los firmantes reclaman que se aclare, flexibilice y adapte el marco normativo de los aspectos tributarios del REF, sin más demora, a las excepcionales circunstancias que se viven en Canarias por la pandemia y el volcán:
Decanos, presidentes y responsables de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias (AEDAF), la Cátedra del REF de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el Área de Fiscalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Escoex) de la Universidad del Atlántico Medio, los Colegios de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, el Consejo General de Economistas, los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, de Lanzarote y de La Palma, la Asociación de Empresas de Economía Social, las Agrupaciones Territoriales 12ª y 14ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, los Colegios de Graduados Sociales de Lanzarote y Tenerife, la Asociación de profesionales jurídico, laboral, económico y social de la Isla de La Palma, Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma y la Confederación Canaria de Empresarios.
