Santa Cruz de Tenerife.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Martínez ha solicitado hoy lunes [2] en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que se agilice por parte del Gobierno canario la aprobación de los planes de gestión de riesgos de inundaciones en Canarias, ya que “de no acelerar la aprobación de los planes de riesgo de inundación, que tenían que haber estado aprobados en marzo de 2016, podemos llegar a los tribunales europeos como ha pasado con la planificación hidrológica en las islas”.
Martínez preguntó al Gobierno por la situación en la que se encuentran los planes de riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas de Canarias, y destacó que la lucha contra los efectos negativos de las inundaciones “debe ser prioritaria”, porque se trata de inundaciones que constituyen “un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas”.
En este sentido, recordó que según los estudios de la Cátedra Universitaria Reducción de los Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), los daños provocados por las tormentas entre 1996 y 2016 en las islas, ascendieron a más de 600 millones de euros, y que otro temporal como el Delta costaría 88 millones de euros a la economía de Canarias.
“Lo más importante de todas formas no es la amenaza judicial de Europa. La verdadera amenaza para Canarias es que vendrán nuevas tormentas tropicales, como así dicen los expertos en la materia, y no tenemos los deberes hechos en la mayoría de las demarcaciones hidrográficas”, alertó.
El diputado socialista recalcó que en 2010 se aprobó el Real Decreto 903 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, con el objetivo de lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas sobre la salud y seguridad de las personas y los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. “En Canarias tenemos 7 demarcaciones hidrográficas, y cada Consejo Insular de Aguas es el responsable de evaluar las zonas de riesgos, la delimitación de las zonas inundables y las medidas a adoptar para minimizar en lo posible los daños que puedan ocasionar”.
Martínez destacó la gestión que está llevando a cabo el actual Gobierno de Canarias “que está ayudando a los consejos insulares de agua a resolver este problema que preocupa a la ciudadanía”, y le recomendó al Partido Popular “no hacer política con el agua. Hagamos política de aguas. Lo que hay que hacer es buscar soluciones entre todas las administraciones”.
