El Pleno de la Cámara regional rechaza una una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno de Canarias ponga en marcha políticas para acabar con la pobreza infantil y juvenil extrema
Santa Cruz de Tenerife.- El Pleno de la Cámara regional ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno de Canarias promueva un Pacto social, político e institucional para acabar con la pobreza en las islas, principalmente la pobreza infantil y juvenil, que incluya la puesta en marcha de políticas destinadas a este objetivo con la participación de los partidos políticos, el Gobierno canario, municipios, cabildos y sociedad civil.
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, defendió la iniciativa y denunció la “falta de compromiso” del Gobierno canario con la ciudadanía canaria “que sufre” la pobreza en las islas. “Ya está bien de demagogia y de que lo tiene que hacer el Gobierno de España. Esta comunidad autónoma tiene las competencias para luchar contra la pobreza, se tiene que manifestar en los presupuestos de Canarias que es donde se hace política y se refleja el compromiso”.
En la iniciativa se insta al Gobierno de Canarias a promover un Pacto social, político e institucional en el Archipiélago para acabar con la pobreza, principalmente la pobreza infantil y juvenil, con varios objetivos a consensuar con el conjunto de fuerzas políticas, instituciones y sociedad civil, como conseguir reducciones significativas en la pobreza y exclusión social hasta situarla al menos en la media nacional en 2030, especialmente de la infancia y adolescencia, garantizando el acceso a servicios esenciales que promuevan el pleno desarrollo, con especial énfasis en la pobreza infantil extrema y en la carencia material severa.
Para conseguir dicho objetivo, la iniciativa apuesta porque el conjunto de instituciones públicas adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social, así como el apoyo de inversiones sociales que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades a todos, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan desarrollar todo su potencial y prosperar blindando los servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
También se solicita que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias establezca un mecanismo de gobernanza y sistema de indicadores para evaluar el Pacto autonómico una vez finalice su primer horizonte temporal de 2026, cuyas conclusiones se presentarán ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias para analizar su ejecución y cumplimiento.
Además, la propuesta incluye que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025 se incluya una partida presupuestaria necesaria para financiar las propuestas contenidas en el Pacto, para concretar medidas y actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos previstos en el mismo.
Por su parte, se pide la creación de un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales, promoviendo mecanismos de financiación adicionales a las políticas que se vinculen a conseguir reducciones significativas en la pobreza y exclusión social, especialmente de la infancia y adolescencia.
Franquis advirtió que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la tasa Arope sobre riesgo de pobreza o exclusión social, Canarias tiene el 33,8% de su población dentro de esos parámetros y es la segunda comunidad autónoma de España con un valor relativo más alto, solo por detrás de Andalucía, con el 37,5%, y bastante lejos del índice promedio de España, en el 26,5%, éste con un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2022.
En este sentido, recordó que Canarias en 2022 redujo la tasa Arope en 2,8 puntos, aunque inciden en que la actual mejoría no le ha permitido salir de la segunda posición entre las peores comunidades.
“A pesar del progreso en materia de redistribución y protección social de los últimos años, Canarias sigue enfrentando niveles de pobreza y desigualdad muy por encima de la media nacional, sin conseguir reducciones significativas en la pobreza y exclusión social, especialmente de la infancia y adolescencia”, añadió.
También destacó que la Unión Europea y todos sus estados miembros tienen el compromiso de aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre cuyos objetivos prioritarios se encuentra la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema.
Por este motivo, y con la finalidad de alcanzar estos objetivos, Canarias también debe implementar programas y medidas que permitan alcanzar los compromisos de la Agenda 2030, estableciendo para ello unos objetivos autonómicos de reducción de la pobreza y la exclusión social para 2030, y también definir los objetivos complementarios de reducción de la pobreza y la exclusión social infantil.
Para los socialistas, todas las administraciones públicas canarias deben tener el compromiso de aplicar políticas, entre cuyos objetivos prioritarios se encuentren la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema. “Con la finalidad de alcanzar este objetivo, Canarias debe implementar programas y medidas que permitan caminar hacia ese objetivo con una agenda propia que debe ser liderada por el Gobierno canario”.
