Las Palmas de Gran Canaria.- El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado hoy, lunes 4 de abril, que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) mantiene desde hace dos años un contrato sin concurso adjudicado a dedo que privatiza el servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio, sin que haya mediado proceso de licitación público de ningún tipo.
“Esta es la privatización de un servicio público más escandalosa que ha hecho la izquierda en la historia de la ciudad, no sólo por la puerta de atrás y con la careta puesta, para que no se note que han privatizado, sino sin tan siquiera sacar un concurso público para ello”, asegura el concejal popular Ángel Sabroso.
Con fecha 30 de marzo de 2020, argumentado en el Estado de Alarma y en la situación de confinamiento que obligaba a varios empleados municipales en edad de riesgo a no salir de sus hogares, el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió privatizar a dedo, sin licitación alguna, el servicio de recogida de basura urbana de la ciudad-
Se trató entonces de una contratación excepcional y ceñida a un periodo de tiempo muy concreto y extraordinario “que el PSOE sigue prolongando de manera del todo irregular”, explica el PP capitalino. “Si la izquierda de esta ciudad que va de defensora de lo público quiere privatizar el servicio de recogida de residuos que lo diga sin tapujos, que no se esconda ni lo camufle, porque así lleva más de 2 años”, agrega el edil popular.
“Pero sobre todo que convoque el concurso público correspondiente que garantice la libre concurrencia y la competencia que propicia eficiencia y ahorros a la gestión de la ciudad”, añade. “No sólo es una irregularidad supina lo que se está haciendo el PSOE, sino que además esta privatización sin concurso público le está costando muy caro a la ciudad”, destaca el concejal del PP.
Sabroso recuerda que mientras tanto seguimos pagando por el personal, camiones, instalaciones, servicio del propio Ayuntamiento que antes prestaba ese servicio y además pagamos a la empresa que ha sido elegida sin concurso para esta privatización. “Solo por los meses comprendidos entre abril y noviembre de 2020, el Ayuntamiento ha pagado 1.888.322,87 euros a esa empresa (una media de 236.040 euros/mes)”, enfatiza.
El Ayuntamiento lleva gastados más 5,6 millones de euros en un contrato que no ha salido a concurso público, a lo que hay que sumar los costes de infraestructura y personal de ese servicio de prestación directa municipal que se ha privatizado sin procedimiento ni concurso. “El pufo para las arcas públicas es mayúsculo”, continúa Sabroso.
De entre las numerosas irregularidades cometidas con esta adjudicación por emergencia destacan la injustificada prolongación en el tiempo, la falta de fundamento legal para la misma, la no regularización posterior cuando las circunstancias sobrevenidas han desaparecido, la ausencia de publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil del contratante, la ausencia de justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, la no publicación del objeto del contrato, el precio de adjudicación y la identidad del contratista.
“Todo esto es imposible de justificar y el Ayuntamiento más importante de Canarias no puede ausentarse de las mínimas garantías de legalidad en la contratación pública”, concluye Sabroso. El Partido Popular elevará esta situación al Pleno de la Corporación solicitando su regularización inmediata, el examen de todo lo sucedido y pidiendo que se depuren las responsabilidades de las más que probables irregularidades cometidas.
