Santa Cruz de Tenerife.- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara regional con el objetivo de facilitar la prestación gratuita del servicio de orientación y asistencia jurídica a personas internas de los centros penitenciarios y centros de inserción social de Canarias. En concreto, la iniciativa que se debatirá en el próximo Pleno del Parlamento el 10 y 11 de marzo, pretende que se cumpla la Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, Ministerio del Interior y conforme a la población reclusa dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
La propuesta, defendida por el diputado socialista Mauricio Roque, insta al Gobierno de Canarias a dotar económicamente, a través de la figura jurídica-financiera que proceda, las actuaciones y gastos generados por los Colegios de Abogados de Lanzarote, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, previa adhesión de los mismos al convenio suscrito entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española, para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica a internos de los centros penitenciarios y centros de inserción social.
En dicha iniciativa se recuerda que este convenio es “fruto de la voluntad” de ambas partes para establecer el marco jurídico para la realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios del Estado y centros de inserción social, “proporcionando un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen respecto a las materias que se detallan en el mismo”.
La propuesta socialista destaca que Canarias cuenta con establecimientos penitenciarios en las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y estima en 45.000 euros anuales el coste total y global, atendiendo al número de personas internas en los establecimientos penitenciarios radicados en las mencionadas islas (más de 3.000 personas recluidas), para la atención de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se prestarán por los abogados y las abogadas, a través de los colegios de la abogacía de Canarias.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que todas las personas internas tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la Administración Penitenciaria para la promoción y crecimiento personal, así como derecho a que se fomente su participación en la planificación y ejecución de su tratamiento.
Además, la iniciativa socialista insiste en que las personas internas pueden dirigir sus peticiones, quejas y recursos ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, así como que estas personas tienen derecho también a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.
