El PSOE Canarias alerta sobre las graves deficiencias del nuevo decreto de Dependencia propuesto por el Gobierno de Canarias que podría vulnerar derechos fundamentales y promover la externalización de servicios
Santa Cruz de Tenerife.- El PSOE Canarias ha expresado su profunda preocupación por las serias deficiencias que presenta el nuevo decreto de Dependencia que el Gobierno de Canarias pretende aprobar. Según el partido, este decreto pone en riesgo las garantías y derechos de las personas en situación de dependencia y podría llevar a la externalización total de los servicios del sistema.
Elena Máñez, vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, lamentó que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, no haya tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por los colegios profesionales, los trabajadores y trabajadoras de la consejería, y el tercer sector. Máñez criticó que se mantengan aspectos perjudiciales en el decreto que regulará el procedimiento para acceder al sistema de Dependencia.
“Resulta alarmante que la actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien anteriormente fue presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife, haya decidido reemplazar el informe social por un informe del entorno, el cual no tiene la misma validez científica y contradice todas las recomendaciones de los profesionales del trabajo social. Además, no se han tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Territorial respecto a los requisitos que debe contener el Informe de Salud”, señaló Máñez.
La dirigente socialista también destacó la gravedad de que el decreto extinga el derecho de las personas si en tres meses no reciben el servicio. Recordó que, según los datos del Imserso de julio, actualmente hay 7.522 personas con resolución que no han podido hacer efectivo su derecho, en la mayoría de los casos, por falta de plazas y no por causas imputables al solicitante. “Estas 7.522 personas serían expulsadas del sistema, lo que supone una grave situación de indefensión y vulnera su derecho”, afirmó.
Máñez criticó que el nuevo decreto elimine garantías para las personas solicitantes, como la supervisión de las valoraciones por la Comisión Técnica, y permita la valoración por profesionales ajenos a la consejería sin las garantías de formación exigibles. Además, recordó que durante la pasada legislatura, el Pacto de las Flores demostró que reforzando el personal se podía mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, el actual gobierno CC-PP, en lugar de reforzar la Dirección General de Dependencia con más personal, pretende externalizar la gestión.
“En los seis primeros meses de 2024, la consejería ha empeorado la gestión,” aseguró Máñez, citando datos oficiales que indican que en este periodo se han tramitado 1.933 PIA y 1.687 prestaciones menos que en el primer semestre de 2023, cuando la gestión estaba bajo el Pacto de las Flores.
El PSOE Canarias también quiso expresar su apoyo al personal de la Dirección General de Dependencia, que ha denunciado boicots a sus representantes sindicales por cuestionar la estrategia de control impuesta desde hace meses. “Valoramos la profesionalidad y el compromiso de todo el personal que trabaja en dependencia y pedimos a la consejera que haga lo mismo y deje de generar un clima laboral insostenible, el peor en los últimos 17 años,” añadió Máñez.
Para concluir, la portavoz socialista señaló que el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de Canarias «elimina garantías para las personas solicitantes en favor de un procedimiento que únicamente busca reducir números a costa de los derechos de las personas en situación de dependencia».
