El PSOE de Canarias niega las acusaciones sobre la devolución de sanciones a compañías eléctricas y critica al actual Ejecutivo por permitir la prescripción de expedientes sancionadores
Santa Cruz de Tenerife.- El Partido Socialista de Canarias ha desmentido las afirmaciones realizadas por Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica del Gobierno autonómico, sobre la devolución de sanciones económicas a las compañías eléctricas responsables de cortes de suministro energético, conocidos como «ceros energéticos», desde 2018.
El PSOE aclara que los “costes millonarios” mencionados por Zapata no implican fondos públicos, sino que corresponden a la devolución de importes previamente abonados por las empresas sancionadas. Además, recalca que durante el mandato del Gobierno del Pacto de las Flores los expedientes sancionadores no prescribían, a diferencia de lo que está ocurriendo con el actual Ejecutivo. «Esto representa un regreso a las prácticas de gobiernos anteriores liderados por Coalición Canaria», señalaron desde el partido
El PSOE recuerda que cuando asumió el gobierno en 2019, encontraron 47 expedientes sancionadores caducados desde 2010, que suponían una pérdida de más de 60 millones de euros para las arcas públicas. En respuesta, el Ejecutivo del Pacto de las Flores implementó medidas para evitar nuevas prescripciones, ajustándose a los plazos legales y abriendo procedimientos sancionadores según lo estipulado.
Los socialistas han solicitado a la Consejería de Transición Ecológica acceso a los expedientes sancionadores para analizar los detalles y ejercer control sobre la gestión actual. «Es fundamental que se amplíen los plazos y se garantice la resolución de estos casos para evitar pérdidas económicas que beneficien a las compañías eléctricas en detrimento del interés público», añadieron.
Desde el PSOE se reafirman en la importancia de actuar con transparencia y en defensa del interés público. Acusan al actual Gobierno de Canarias de incumplir con estos principios al permitir que los expedientes vuelvan a prescribir. «No se puede tolerar que la gestión beneficie a las eléctricas, dejando desprotegidos a los ciudadanos de Canarias», concluyen.
