Santa Cruz de Tenerife.- Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), denuncia que la empresa Prosegur, que presta temporalmente el servicio de vigilancia en sedes del Ayuntamiento de Santa Cruz, en apenas un mes «ya está denunciada en Inspección de Trabajo y en los Juzgados por el sindicato CSIF», entre otros motivos porque a los y las vigilantes «les ha puesto por escrito que incrementa entre 5 y 7 puntos en la retención del IRPF al hacerles responsables solidarios de las posibles deudas de la empresa saliente con Hacienda».
Así lo denunció la edil en la última Comisión de Control, en la que recordó que el gobierno de Bermúdez prometió a la plantilla de vigilantes, entonces en SH Lanzarote, que, con el cambio de empresa -hasta que se licite de nuevo el servicio- se les abonarían las tres nóminas impagadas, pero luego el Ayuntamiento ha permitido que en el contrato se plasme que Prosegur solo tendría esta obligación con los y las vigilantes que tengan a su favor sentencia judicial o administrativa.
Espinosa critica además que Prosegur actúa de modo «usurero» con el personal que ha subrogado de la anterior adjudicataria, SH Lanzarote, pues, en lugar de abonar los salarios impagados en esa otra etapa, ha ofrecido un anticipo de mil euros que quien lo reciba debe ir devolviendo en cantidades mensuales de 200 euros a un interés «peor que un crédito de la banca”.
Sobre todas estas cuestiones, la concejala de la confluencia de izquierdas invocó lo que dice el Código Civil: «La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros». Y además subrayó que se está incumpliendo el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y los 14 y 15 del convenio nacional del sector de la seguridad privada.
Denunció también la concejala que la plantilla hasta entonces de SH Lanzarote «tuvo que firmar el documento de subrogación en 24 horas” sin tener toda la información disponible.
Dicho esto, Espinosa pronosticó en la Comisión de Control que el concurso para licitar de nuevo el servicio de vigilancia de Urbanismo va a quedar desierto, como ya ha ocurrido en dos ocasiones anteriores, «porque el dinero previsto no da».
Además, advirtió que la licitación del acuerdo marco para la vigilancia de las dependencias municipales ha sido impugnado porque no se garantiza la subrogación de todo el personal que trabajaba para SH Lanzarote, ya que no se incluye a quienes fueron despedidos y porque, «de manera sorprendente y vergonzante se establecen en los pliegos la distinción entre hombre y mujer como categoría laboral».
Por último, lamentó la representante de UP que en esta licitación el gobierno municipal «vuelve a caer en el mismo error: hacer la oferta económica de una forma para que siga siendo el principal criterio para elegir a la nueva empresa que preste el servicio, en lugar de una ponderación entre calidad y precio», para evitar lo que hasta ahora es la tónica: la precariedad laboral, el incumplimiento del pago de nóminas y, finalmente, la ruina para los trabajadores y las trabajadoras de este sector de la seguridad privada.
Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos
