Santa Cruz de Tenerife.- La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), perteneciente a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno regional, ha procedido al vallado y precintado de una parcelación ilegal de más de 150.000 metros cuadrados en suelo rústico de protección agraria en la zona de Lomo Negro, en el municipio tinerfeño de Arona.
Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de este Departamento autonómico, la Policía local del Ayuntamiento de Arona y el Cuerpo General de la Policía Canaria durante todo el procedimiento.
El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, recordó que «estas infracciones pueden ser sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según la Ley 4/2017, del 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias».
Se trata de tres parcelas que son propiedad de una misma empresa, en las que la ACPMN procedió a precintar toda la superficie afectada por la citada parcelación ilegal y, dado que se trata de un presunto delito de extrema gravedad, es posible que se dé traslado del caso a la Fiscalía, junto con los informes técnicos correspondientes.
Esta actuación surge a raíz de una reciente reunión mantenida por la Agencia y el Ayuntamiento de Arona, ante la necesidad imperiosa de luchar de forma coordinada contra este tipo de actuaciones, de las que son responsables no solo el vendedor, sino también el ejecutor de dichas parcelaciones y el responsable de posibles actuaciones ilegales en dicha parcela, que pueden ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada.
El director de la ACPMN, Ángel Fariña, recuerda que la vía correcta para la reclasificación de los suelos según la legislación vigente es la establecida a través del planeamiento y que «no son asumibles este tipo de maniobras destinadas a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos, ya que suponen un agravio comparativo y una injusticia con respecto a la ciudadanía que sí sigue todos los trámites y actúa conforme a la legalidad».
