Santa Cruz de Tenerife.- El consejero Popular en el Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, aplaude la decisión del Gobierno de Canarias de implantar los tests en puertos y aeropuertos de las Islas, aunque por otro lado, lamenta “profundamente que se haya tardado más de 9 meses en poner en marcha esta iniciativa, que tanto los agentes del sector turístico de toda Canarias como varios partidos políticos hemos pedido insistentemente, como la única vía para garantizar que Canarias, y Tenerife, se posicione como un destino seguro en el mercado turístico internacional”.
Manuel Fernández denuncia que “hemos perdido un tiempo precioso en estos 9 meses, en los que hemos perdido la oportunidad de mantener la competitividad de Canarias y Tenerife como destino turístico, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la crisis del coronavirus”.
“Desde nuestra perspectiva- incide Fernández- durante este tiempo era imprescindible que las administraciones se adaptaran con eficacia a la nueva situación”, y sin embargo demanda el consejero Popular que “el Gobierno de Canarias ha reaccionado lento y mal, mientras que el Cabildo de Tenerife se ha puesto de perfil en este sentido, poniendo de manifiesto la falta de liderazgo del gobierno insular en relación a la política turística de la Isla, así como la ausencia del Cabildo como institución de referencia en Tenerife, mirando para otro lado y adoptando un papel pasivo y secundario en las cuestiones que afectan a la principal industria de nuestra Isla y al sector que aglutina el 60% de los empleos directos en Tenerife”.
Manuel Fernández considera que “este periplo hasta llegar a la conclusión de que los tests, efectivamente, eran necesarios, es una tomadura de pelo del Gobierno de Canarias, con el cómplice silencio del gobierno del Cabildo, que han excusado su inacción en una supuesta falta de competencias, haciendo responsables de la falta de tests primero al gobierno central e incluso a AENA, para ahora sorprendernos con un decreto en el que admiten que sí son competentes para implantar esta medida en los puertos y aeropuertos de nuestras islas”.
El consejero Popular concluye que “las consecuencias de esta pasividad es que la situación del sector turístico es crítica, con numerosas empresas vinculadas al turismo cerradas o con sus trabajadores en ERTE, que muy posiblemente se convertirán en ERE, produciendo una destrucción de empleo en Tenerife desconocido hasta este momento”.
