Sumario:
- El PP reprocha al Gobierno que, después de tres años, carezca de un plan para atajar los vertidos incontrolados al mar.
- El PP logra el respaldo unánime del Parlamento para bajar las ratios en todas las etapas de educación no universitaria.
El PP reprocha al Gobierno que, después de tres años, carezca de un plan para atajar los vertidos incontrolados al mar
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, criticó que en los últimos tres años haya aumentado un 10 por ciento el número de vertidos incontrolados al mar y reprochó al Gobierno de Canarias que “a pesar de sus discursos medioambientales y a un año de que termine la legislatura carezca de un plan para atajarlos”.
Luz Reverón, que solicitó la comparecencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para interesarse por las medidas para mejorar la contaminación de nuestro litoral, recordó que los vertidos de tierra al mar han pasado de los 394 puntos en 2017 a los 434 en 2021, “de los cuales, el 52% se localizan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 48% restante en Las Palmas”.
“Es indefendible que, además de este incremento, más del 70% de los vertidos que se realizan en nuestras playas no tengan autorización, bien porque están en trámite, porque se ha caducado o porque directamente carecen del correspondiente permiso”, indicó la diputada popular, para quien “el Gobierno le ha dado poca importancia a este tema y da la sensación de que para qué preocuparse de la desaparición de nuestras playas por su afección al cambio climático en el 2050 si a día de hoy no somos capaces de darle una solución a los vertidos”.
Durante su intervención, Luz Reverón lamentó que el Ejecutivo de Torres sólo se limite a abrir expedientes sancionadores en lugar de adoptar medidas concretas para reducir y controlar los vertidos al mar. A su juicio, este problema debe tratarse desde dos puntos de vista. Por un lado, completando las redes de saneamiento y depuradoras y, por otro, evaluando su impacto en la salud pública.
Por ello, pidió al consejero que “no eche balones fuera y se escude en decir que es competencia de los municipios tener una adecuada red de saneamiento”. “Contar con estas infraestructuras en condiciones es una responsabilidad de todas las administraciones, al igual que aplicar los tratamientos adecuados para una correcta depuración de las aguas residuales y apostar por el necesario objetivo de la reutilización del agua depurada”.
“Asimismo, explicó, que la contaminación en las playas por estos vertidos ilegales, a través de colectores y emisarios no autorizados, puede provocar en la población distintas enfermedades por el contagio de virus y bacterias procedentes de las aguas fecales, representando un grave perjuicio para la salud”, por lo que apostó por realizar un censo de las patologías asociadas a los vertidos sin tratar al mar en nuestras zonas de playa.
Finalmente, puso como ejemplo de esta deficiente planificación la situación que se vive en Tenerife, “la isla más afectada, con 200 puntos de vertidos al mar, de los que 136 no cuentan con autorización de ningún tipo”, al tiempo que reclamó “un esfuerzo colectivo para acabar con un grave problema de contaminación en nuestro subsuelo o, directamente, en el mar”.
El PP logra el respaldo unánime del Parlamento para bajar las ratios en todas las etapas de educación no universitaria
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, consiguió hoy el apoyo unánime del pleno de Parlamento a su propuesta para que el Gobierno de Canarias establezca un plan plurianual de reducción de ratios en todas las etapas de educación no universitaria. “El objetivo es establecer un número máximo de alumnos por docente que favorezca un proceso enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa”, indicó.
Durante la defensa de esta Proposición No de Ley, transada con los grupos que apoyan al Gobierno, Hernández recordó que la finalidad de la Ley Orgánica 3/2020 de Educación no es otra que establecer un ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a la mejora de los resultados e insistió en que “existe una relación directa entre la reducción del número de alumnos por aula y docente y la calidad de la educación”.
“Además, en numerosas investigaciones de pedagogía, didáctica o psicológica de la educación se refleja como un número más reducido de estudiantes por aula favorece la inclusión del alumnado más vulnerable y que más dificultades presenta, así como también mejora significativamente la convivencia, reduciendo conflictos y favoreciendo la atención más personalizada a las necesidades del alumnado”, manifestó.
En este sentido, puso como ejemplo la bajada de ratios que se llevó a cabo durante estos años de pandemia que demostró que en esos niveles educativos hubo una mejora considerable, “pues no sólo aumentó la calidad de la enseñanza sino que se pudo priorizar la atención a la diversidad”.
Para implementar esta medida, Lorena Hernández avisó que “debe haber una apuesta económica decidida por parte del Gobierno en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, alcanzando así la financiación del 5% del PIB prevista en la Ley de Educación no Universitaria de Canarias y que deberíamos haber logrado ya este año”.
Para ello apuntó que “los fondos que vienen de la Unión Europea tienen como uno de sus ejes prioritarios la cohesión social y la igualdad, elementos fundamentales para la educación pública, y por tanto son una oportunidad para alcanzar este objetivo”, concluyó.
