Santa Cruz de Tenerife.- El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, acusó hoy a PSOE y a Podemos de “respaldar” la ocupación ilegal de viviendas tras votar en contra de una Proposición No de Ley donde se instaba al Gobierno de Canarias a comprometerse con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra este tipo de delitos.
La iniciativa, debatida en el Pleno del Parlamento y que también fue rechazada por Nueva Canarias y la Asociación Socialista Gomera, solicitaba además la creación de un oficina de atención a los canarios víctimas de ocupación ilegal con un teléfono gratuito, que trasladara los casos a la Fiscalía o la Delegación del Gobierno, que informara sobre los pasos a seguir ante esta realidad y que estuviera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante su intervención, Domínguez señaló su extrañeza por la negativa de los partidos del pacto a defender el derecho constitucional a la propiedad privada y recordó que “en el primer semestre del año, en Canarias se han contabilizado más de 300 denuncias, lo que supone un 15% más con respecto al año anterior y nos sitúa en la tercera comunidad dónde más han aumentado estos casos, sólo por detrás de Galicia y Murcia”.
“Las cifras demuestran que se trata de un problema creciente en las Islas al que hay que ponerle freno, y que nada tiene que ver con el apoyo y la protección de aquellas familias que se encuentran en situación de emergencia social y vulnerabilidad”, explicó Domínguez, quién requirió también “una estrategia conjunta de las áreas de Vivienda y Justicia que permita coordinar las actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales”.
El diputado popular condenó el rechazo tanto a esta iniciativa como a la ley antiokupa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados que, además de garantizar los desalojos en 12 horas, incluía “definir la ocupación como delito, prohibir el empadronamiento de los okupas, facultar a las comunidades de propietarios para que pudieran ejercer la denuncia y luchar contra las mafias”.
Por último, Domínguez lamentó “el posicionamiento de aquellos que, por un lado, quieren regular los alquileres en nuestro país, y por otro, no ofrecen garantías y seguridad a los propietarios de estas viviendas ni se comprometen con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal”, concluyó.
