Las Palmas de Gran Canaria.- Las cifras que conocemos hablan por sí solas, sobre todo en la isla de Tenerife, del descontrol en el que se encuentra la pandemia de COVID-19. Esta auténtica situación de emergencia, pide a gritos, según todos los indicadores, la declaración del estado de alarma para Canarias por parte del gobierno del estado español. Lejos de eso, y transcurridos 16 meses desde que se instaurara el primero, aún no se ha aprobado una ley orgánica que contemple medidas excepcionales en situación de grave riesgo colectivo.
Abundando en la casuística, el gobierno canario improvisa una serie de modificaciones en los niveles de alerta que, sin duda, están contribuyendo a la expansión del virus con sus diversas variantes. Esto es, permitir y flexibilizar el aforo en espacios cerrados a instancias de personas vacunadas que, como sabemos, pueden contraer y transmitir la enfermedad de manera asintomática, o incluso presentar síntomas que los lleven a la hospitalización.
Por otro lado, la sanidad y salud pública colapsadas en todos los niveles asistenciales, tanto para la atención a la COVID-19, como para el resto de patologías, cuyos sufridores, los ciudadanos, se van complicando y cronificando hasta un punto de no retorno. A ello sumar la falta de rastreadores y el deficitario seguimiento de los contagiados en domicilio por falta de recursos y la saturación de la Atención Primaria: no compartimos el procedimiento de actuación del Ministerio de Sanidad para los Servicios de Prevención de Riesgos frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 6 de julio de 2021, donde viene a plantear que un trabajador contacto estrecho con un paciente positivo no se tiene que aislar ni causa baja si está vacunado, a no ser que trabaje con pacientes de riesgo.
No nos debe extrañar que, en ausencia de un marco legal, con el gobierno priorizando la rentabilidad, la llegada de turistas y la reproducción de un modelo económico de poco pan para hoy y mucha hambre para después sobre la salud y la vida, maquillando los datos hasta el extremo de no estar haciendo suficientes pruebas PCR para no alarmar a los países potencialmente emisores, sus señorías sentencien que “no existe un peligro tan grave para la salud y la capacidad asistencial”, condenando al conjunto de la ciudadanía. En este tenebroso contexto, los diversos autos judiciales, principalmente del Tribunal Constitucional y Superior de Justicia de Canarias, que tumban y boicotean las ya laxas medidas gubernamentales, colocan al poder judicial como los mejores aliados del virus para que este se extienda a su antojo.
Desde Intersindical Canaria instamos a un abordaje real, basado en criterios científicos de la pandemia, que contemple limitaciones de aforo adecuadas a cada nivel de alerta, restricciones de movilidad, cribados masivos domiciliarios de la población, incremento del ritmo de vacunaciones con un cambio de estrategia que priorice la población diana menor de treinta años (actualmente principal foco de contagios y transmisión comunitaria), refuerzo de los Servicios Sanitarios y de Salud Pública, control efectivo de los confinamientos con soluciones alojativas, cierres perimetrales y, como no, recurrir la implantación del toque de queda nocturno ante el Tribunal Supremo, en el objetivo de evitar sufrimiento y muertes.
