Sumario:
- Díaz Estébanez (CC-PNC-AHI) lamenta que esta Legislatura se haya perdido la oportunidad de contar con una televisión pública de calidad.
- Vidina Espino (Grupo Mixto) pide a Moreno que cumpla la ley y que no siga abusando de la contratación a dedo en la Televisión Canaria.
- CC-PNC-AHI califica de insuficientes los 500.000 euros que el cuatripartito le ha aceptado para la Lucha Canaria.
- Luis Campos (NC) reivindica la cogestión de los aeropuertos antes de que finalice la Legislatura estatal.
- Fernández de la Puente (Cs) demanda ayudas para la adquisición de fertilizantes en el sector agrícola.
Díaz Estébanez (CC-PNC-AHI) lamenta que esta Legislatura se haya perdido la oportunidad de contar con una televisión pública de calidad
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz Estébanez, ha lamentado hoy en la comisión de Radio Televisión Canaria que el ente público haya perdido la oportunidad de recuperar la normalidad.
“Ha pasado esta legislatura y no se han buscado nuevas fórmulas pare mejorar la televisión y el cuatripartito ha optado por utilizar de manera partidista la tele que es de todos, porque la entienden como un botín que hay que repartir”, advirtió el diputado.
No se ha aprobado la Junta de Control, no se ha sacado el mandato marco de funcionamiento de la RTVC, “y para eso es para lo que con nuestro voto, apoyamos al actual administrador único, que sigue estando en una situación de provisionalidad desde la que no ha logrado recuperar la situación de normalidad del ente público”, concluyó.
Discapacidad auditiva
Por su parte, la diputada Nereida Calero pide, al administrador único, que incluya medidas para las personas con discapacidad auditiva puedan seguir la programación de la tele, “como es su derecho”.
El ente público está incumpliendo con la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece que se debe emitir en máxima audiencia con un 90 % de subtitulado y debe darle prioridad a la audio descripción (durante 15 horas semanales), y a la lengua de signos (también con 15 horas semanales).
Lo único que ofrece con cierta continuidad es un programa, los sábados por la mañana, TN Sordos que no cumple con el lenguaje inclusivo, y no se emite en horario de máxima audiencia. No se ofrece audiodescripción sino subtitulado y lengua de signos.
Para la diputada, “esa oferta es insuficiente porque no abarca ni los informativos, y no es aceptable escudarse en que el subtitulado viene incorporado en los televisores, porque el servicio tiene que ofrecer, de acuerdo a la normativa de calidad española de la UNE, unos estándares de calidad, recogidos por el Centro de Normalización Lingüística, y el Centro Español de Subtitulado de Descripción.
Según denuncian las asociaciones, “la Televisión Canaria no recoge los subdatos, ni de subtitulado ni de interpretación, en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA, como hacen otras televisiones”.
Vidina Espino (Grupo Mixto) pide a Moreno que cumpla la ley y que no siga abusando de la contratación a dedo en la Televisión Canaria
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, le ha reclamado hoy al administrador único de la RTVC, Francisco Moreno, que cumpla la ley porque, tal y como demuestra el informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público de 2021, «persiste en las mismas irregularidades que en 2020». Algunos de esos incumplimientos son la adjudicación a dedo y sin concurrencia pública, en esta ocasión de 37,6 millones de euros, así como la ausencia de un procedimiento sistematizado y normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión. Por lo tanto, «un año después sigue sin corregir los mismos errores graves», ha lamentado Espino.
Como ha venido denunciado la diputada en diferentes comisiones y plenos, «no se trata solo de un abuso de la contratación directa», que recoge la Audiencia de Cuentas en este informe, sino que se incumple la Ley de Contratos del Sector Público. «Según cada productora o proyecto, usted utiliza los criterios que considera pero no existen unas reglas de juego comunes para todo el mundo y tampoco hay concurrencia», ha recriminado Espino a Moreno.
Al igual que ocurriera en 2020, el informe también señala que el contenido esencial de los contratos formalizados por RTVC consiste en la adquisición de derechos de explotación sobre una determinada producción, pero sobre ellos no queda acreditado que la propiedad corresponda al cedente. «Es decir, en los expedientes que ustedes hacen conforme a la ley de Propiedad Intelectual no consta que realmente esas productoras o empresas sean las titulares de esos derechos», ha aclarado Espino que le ha reprochado a Moreno que su argumentación sea que «lo dejan a la buena fe de quienes pactan» porque «eso no es serio».
De hecho, la propia Audiencia de Cuentas señala en su informe que hay que cumplir con lo que dice el artículo 87 de la Ley de Propiedad Intelectual que no habla de buena fe sino de que tiene que constar que quienes participan en la obra audiovisual y son titulares de los derechos de autor debe contar con la transmisión fehaciente de dichos derechos, que debe ser verificada y dejarse constancia en el expediente. En su intervención, la diputada ha recordado que a pesar de que RTVC elaboró una guía de normas internas para sistematizar el procedimiento de contratación de adquisición de los derechos audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual, «esta no se ha aprobado todavía y por tanto no se aplica».
Trabajadores
Sobre la situación de los trabajadores, con la que la diputada siempre ha sido sensible, se ha referido a la selección que se hace a través de las Empresas de Trabajo Temporal pero ha recordado que «es el Ente quien contrata directamente». Espino ha señalado que en el informe de 2021, la Audiencia de Cuentas vuelve a criticar la falta de publicidad y concurrencia y le ha preguntado a Moreno si está cumpliendo su compromiso de que la oferta de empleo público no solo la publique la propia Empresa de Trabajo Temporal sino también la web de la RTVC.
Otra llamada de atención de la diputada basada en el informe de fiscalización ha sido la falta de transparencia, de claridad y de un baremo para saber qué criterios está empleando esa empresa de selección de trabajadores. También el hecho de que en algunos casos se repiten las relaciones nominales del personal contratado en 2021, que ya fue contratado en 2020 y, por tanto, estas contrataciones deben estar limitadas en su carácter temporal.
Vidina Espino ha señalado que se observan incidencias en la tipología del contrato utilizado y ha reclamado, porque así se lo han solicitado también los trabajadores, que exista una lista de reserva para los perfiles más demandados para acceder a esos puestos de trabajo y cubrir esas necesidades urgentes e inaplazables tanto en la radio como la televisión.
Más irregularidades
En lo que se refiere a la Ley de Contratos del Sector Público, Espino ha señalado también que la Audiencia de Cuentas apunta a falta motivación en los expedientes, que se tienen que justificar y no existen, que hay una ausencia de desglose de los costes directos e indirectos, lo que impide que se ajuste al precio de mercado. Asimismo, hay otro tipo de exigencias «que tampoco se hacen a las empresas y que, cada vez preocupan más a la sociedad, como son que existan criterios sociales, medioambientales o la igualdad efectiva entre hombres y mujeres», ha indicado la diputada del Grupo Mixto.
Otro aspecto con el que no cumple RTVC y que recoge el infome de fiscalización es la falta de una adecuada planificación de la contratación, lo que conlleva un elevado número de contratos menores recurrentes. Además, según ha destacado la diputada «en la mayoría de los expedientes revisados no ha constancia de la comprobación, de la capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional de las empresas con las que se contrata».
En este punto, los importes adjudicados de forma directa por ambas sociedades, la radio y la televisión «superan los más de dos millones de euros y son necesidades recurrentes permanentes y previsibles, por lo que se debe actuar de otra manera y no con la contratación directa», ha señalado Espino que ha recordado que se siguen superando los contratos menores con una misma empresa y se sigue incurriendo en un fraccionamiento del objeto del contrato, algo que ya venía también en el informe anterior.
CC-PNC-AHI califica de insuficientes los 500.000 euros que el cuatripartito le ha aceptado para la Lucha Canaria
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha calificado de insuficientes los 500.000 euros que el cuatripartito «nos ha permitido incorporar al Presupuesto de Canarias vía enmiendas» para destinar a la Lucha Canaria.
Cabe recordar que CC-PNC-AHI había planteado una partida de 1,5 millones de euros para destinar al fomento de la cantera y a la práctica deportiva, «y estos 500 millones se quedarán principalmente para el pago de las fichas federativas», explicó el diputado.
Hay que tener en cuenta que la Lucha Canaria ha dejado de ingresar en los últimos cuatro años más de 700.000 euros, a lo que se suma «el total abandono que ha tenido por parte del Gobierno, que ha permitido la práctica, en tiempos de pandemia, de otros deportes mientras los luchadores no podían ir al terrero ni a entrenar», como tantas veces ha denunciado el diputado por Lanzarote, Jesús Machín.
Luis Campos (NC) reivindica la cogestión de los aeropuertos antes de que finalice la Legislatura estatal
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, reivindicó hoy la participación del Archipiélago en la gestión de los aeropuertos de las islas en cumplimiento del Estatuto de 2018 y antes de que termine la Legislatura de las Cortes Generales a finales de 2023. Un paso previo que los canaristas progresistas apoyan para aspirar, a continuación, a ampliar el autogobierno de Canarias con la gestión directa de todos los aeródromos de las islas.
La privatización, en 2015, del 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por parte del Gobierno del PP fue cuestionada por Luis Campos por varias razones. La primera por afectar a un sector que es clave y estratégico para el Archipiélago y para el Estado. En segundo lugar, porque fue un gran negocio para los privados que, en cuatro años, recuperaron la inversión. En tercer lugar, al ser utilizada como la «excusa perfecta» para «no dar Cabida a Canarias» en la gestión compartida con la Administración del Estado, como obliga el Estatuto en vigor.
Pero las leyes están para que se cumplan, invocó Campos para remarcar, a continuación, que Nueva Canarias «no va a renunciar» a esta competencia. Una vez hecho efectivo, el 1 de enero de 2023, el traspaso de las transferencias en Costas, la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados; la entrada de la administración canaria en el consejo de administración de AENA debe ser una prioridad, requirió el dirigente de Nueva Canarias.
El Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a articular el procedimiento preciso, reclamó. Campos hizo hincapié en que «hay tiempo» ya que el jefe del Ejecutivo estatal ha asegurado, en diversas ocasiones, que agotará la actual legislatura. Concluye en diciembre del próximo año.
Este nuevo avance en el desarrollo del Estatuto, para los canaristas progresistas, es un paso previo a la aspiración última, la gestión directa de cada una de los aeródromos de las islas, como ya tienen otras regiones ultraperiféricas de Portugal, como Madeira y Azores. Este es el modelo al que «debemos aspirar y por el que tenemos que trabajar», incluidas las reformas legales precisas, planteó el portavoz parlamentario de NC.
Fernández de la Puente (Cs) demanda ayudas para la adquisición de fertilizantes en el sector agrícola
El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, señala la necesidad de poner en marcha medidas de financiación dirigidas al sector agrícola, con el fin de que el colectivo pueda asumir los elevados costes de producción derivados de la inflación.
El parlamentario considera que es oportuno implementar también ayudas que permitan asegurar el abastecimiento de fertilizantes a precios razonables, lo que permitirá a los profesionales del sector hacer un uso eficiente de los mismos.
Así, expone que el alto precio de estos productos podría provocar la aplicación de menos nutrientes de los necesarios para los terrenos, al no contar los agricultores con la cantidad de fertilizantes oportuna. De esta manera, un bajo nivel de nutrientes podría afectar de manera negativa a la productividad.
Por otro lado, señala que “la agricultura en las Islas tiende cada vez más hacia un modelo ecológico y respetuoso con el medio ambiente”. Pero, para lograrlo “es preciso que el sector pueda tener acceso a los recursos y materias primas que necesita para desarrollar su actividad”, apunta.
En este sentido, recuerda que el conflicto bélico en Ucrania ha creado efectos negativos en todos los sectores y la agricultura no podía ser menos. “Nuestros agricultores ya dependían anteriormente de precios más elevados, debido a los costes aparejados de la situación de ultraperiferia, algo que se ha acrecentado como consecuencia de la guerra”, añade.
“La falta de facilidades para el sector primario pone en riesgo la continuidad de algunas explotaciones agrarias”, asegura el portavoz del Grupo Mixto, quien añade que la dependencia del exterior para la adquisición de los suministros es un “problema añadido” para los agricultores de las islas.
Fernández de la Puente se une, de esta manera, a la petición que el propio Estado ha realizado ya a la Comisión Europea para que habilite medidas de financiación alternativas para asegurar el abastecimiento de fertilizantes a los productores. Y agrega que es una cuestión en la que deben trabajar todos los gobiernos.
