Santa Cruz de Tenerife.- Hoy en el Parlamento de Canarias, Mesa de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Intervenciones de los grupos parlamentarios
El PSOE pide a las administraciones facilitar la entrada de nuevos operadores para bajar el precio del combustible en las islas no capitalinas
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, solicitó hoy miércoles [17] en la comisión parlamentaria de Economía, Conocimiento y Empleo, que las administraciones públicas de Canarias pongan en marcha medidas para facilitar la entrada de nuevos operadores, y que de esta forma puedan bajar los precios del combustible en las islas no capitalinas.
Lavandera intervino en la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista sobre el resultado del Informe de Evaluación de los mercados minoristas insulares de hidrocarburos para automoción en Canarias y la conformación de precios finales, con especial incidencia en la doble insularidad. En este sentido, también reclamó la creación de una mesa de trabajo entre los ayuntamientos, cabildos y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, para eliminar las barreras de entrada a nuevos operadores, mejorar la competencia y bajar los precios del combustible en las islas no capitalinas.
Además, y con el objetivo de reducir estos precios, propuso que la entidad Puertos Canarios promueva concesiones para la instalación de estaciones de servicio en los puertos, que además pueden suministrar combustible a embarcaciones, y puso como ejemplo puertos que no cuentan con este servicio, como son los casos de Playa Blanca en Lanzarote; Corralejo en Fuerteventura; La Restinga en El Hierro y Tazacorte en La Palma.
El diputado socialista insistió en que es obligación de las administraciones públicas la vigilancia de los precios y el comportamiento del mercado en la defensa del interés general, algo que, en su opinión, está realizando el Gobierno de Canarias con los informes solicitados tanto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como a la Comisión del Mercado de la Competencia, y que hasta ahora “parece que no ha interesado a gobiernos anteriores”.
Lavandera se refirió tanto a estos informes como al informe solicitado por el propio Gobierno de Canarias sobre el análisis del sector del transporte y el almacenamiento de combustibles en el Archipiélago, demostrando con ello su “determinación” para solventar la diferencia de precios entre islas. “Desde el PSOE siempre hemos defendido la necesidad de hacer una política basada en la evidencia y no en la ocurrencia, y para eso es necesario ser transparente y tomar las decisiones en base a esos datos”.
En este sentido, tachó de “hipócrita” la actitud de determinados partidos políticos que piden ahora soluciones a este problema, “después de haber mirado durante tanto tiempo para otro lado” a la hora de terminar con los “monopolios” que han impedido la entrada de más operadores y más competencia para bajar los precios. “Esto no es una cuestión de herencia recibida, es una cuestión de dejadez manifiesta, y un ejemplo de lo que sí está haciendo este Gobierno es que ha solicitado a la Comisión del Mercado de la Competencia que incorpore los datos de Canarias en su informe anual”.
Para Lavandera, desde el Gobierno de Canarias, se pueden iniciar expedientes de investigación en defensa de la competencia que hasta ahora no se habían hecho. “Habría que preguntarle a los responsables de Economía de gobiernos anteriores, como José Carlos Mauricio, José Manuel Soria, Javier González Ortiz y Pedro Ortega por qué no lo hicieron”.
El diputado del PSOE también aclaró que la diferencia del precio del combustible en las islas no capitalinas con respecto al resto no corresponde al coste del transporte y no se soluciona por tanto con la subvención a dicho coste como solicitan determinados grupos políticos, sino con la existencia o no de competencia. “Son más baratos los fletes de combustible a La Palma que a Fuerteventura, lo que hay son prácticas monopolísticas, y se ha demostrado en islas como La Gomera o El Hierro, donde los cabildos renunciaron a establecer exacciones al combustible que luego no han supuesto bajada de precios”.
El PSOE apoya la implantación de una Oficina de representación europea en Canarias para coordinar y dinamizar la actividad de las RUP
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias donde insta al Gobierno de Canarias a entablar las “conversaciones necesarias” con las instituciones europeas y el resto de Regiones Ultraperiféricas para conseguir el compromiso de la Comisión Europea de ejecutar en Canarias una Oficina de Representación Europea, que lleve a cabo toda la actividad de coordinación entre la Unión Europea y las RUPs y que sirva de dinamizador del territorio.
En esta iniciativa se propone que la instalación de esta sede se establezca en el municipio de Santa Brígida, con el objetivo de aprovechar la reciente municipalización de la estructura de un centro comercial cuyas obras se paralizaron, y se destaca la necesidad de la creación de esta oficina ante las “debilidades estructurales” que están sufriendo las regiones ultraperiféricas de la UE como Canarias, debido al impacto de la crisis económica y social provocada por la pandemia.
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Gran Canaria, David Godoy visitó hoy miércoles [17] las instalaciones que podrían albergar la futura sede de la oficina en Santa Brígida, junto al secretario general del PSOE de Santa Brígida, Carlos Carrión, donde recordaron el compromiso de la Comisión Europea de poner en marcha una plataforma capaz de coordinar y supervisar las políticas implementadas en las RUP.
Godoy explicó que esta oficina tendría, tal y como se recoge en la propuesta socialista, el principal objetivo de reforzar la asociación de la Comisión Europea con las regiones ultraperiféricas, y fortalecer su compromiso de apoyarlas en su camino hacia el crecimiento, mediante la supervisión de la implementación de las políticas, la redacción de propuestas de mejora y el intercambio de buenas prácticas.
Además, desde el PSOE se considera que con una institución de dichas características en las islas, se permitiría dotar de coherencia a las políticas europeas puestas en marcha en los nueve territorios que comprenden casi cinco millones de ciudadanos europeos, y favorecer la elaboración de proyectos de desarrollo interregional.
En la propuesta socialista se destaca que Canarias, como RUP con mayor población y actividad económica, tiene que asumir el liderazgo que supone este proyecto, y llevar a cabo las conversaciones necesarias para convertirlo en una realidad. Además, explica que se propone Santa Brígida “con el fin de potenciar un municipio cercano a la ciudad con una actividad económica y administrativa escasa, y con el objetivo de que la descapitalización de determinadas instituciones ayude a la cohesión territorial de la Comunidad Autónoma”.
NC apoya la compra del Gobierno de promociones inacabadas para responder a la emergencia habitacional
La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia de vivienda, Carmen Hernández, secundó hoy la apuesta del Gobierno por la compra de promociones inacabadas para responder con rapidez a la emergencia habitacional en las islas. La portavoz del grupo nacionalista progresista instó al cuatripartito a redoblar los esfuerzos en este programa, cuya primera fase supone una inversión de 31 millones de euros que permitirán disponer de 323 viviendas. Hernández celebró que el nuevo plan canario de 2020 a 2025 termine con el modelo de la vivienda de protección oficial en propiedad para centrarse en el impulso del régimen de alquiler social al mismo tiempo que ratificó su apoyo a la modificación del método de adjudicación para optar por la baremación en lugar del sorteo.
Esta posición fue defendida por la portavoz de NC en comisión durante el desarrollo de la pregunta al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, sobre las acciones del Instituto Canario de la Vivienda para promover la culminación de edificaciones inacabadas y para favorecer el alquiler.
Carmen Hernández reconoció la importancia de asignar, en una primera fase, 31 millones de euros a la sociedad anónima pública Visocan para adquirir 323 viviendas de promociones inacabadas que, una vez concluidas, se espera que comiencen a ser entregadas a finales de este año.
Aunque son “insuficientes”, la portavoz de NC apostó por “redoblar los esfuerzos” para adquirir nuevas construcciones inconclusas, además de otras 1.700 unidades que el Gobierno canario prevé comprar, porque la situación social es “muy grave” y las respuestas a la emergencia habitacional son “mucho más complejas” de arbitrar.
El Plan Canario de Vivienda, añadió, plantea “claramente esta misión” ya que apuesta por buscar fórmulas de urgencia que permitan ofrecer, con rapidez, una alternativa habitacional a las personas que “peor lo pasan”. Recordó que, a pesar de los decretos leyes estatales, las entidades financieras ejecutan los desahucios, en su mayoría, por impago de alquileres. “Nuestra sociedad no puede permitir que las familias más vulnerables se queden en la calle” y, menos, en una crisis de salud pública como la provocada por el coronavirus, defendió la portavoz del grupo nacionalista progresista.
Hernández ratificó el apoyo de los nacionalistas progresistas a la modificación del sistema de adjudicación que prepara este departamento gubernamental. La asignación de las viviendas en función de la puntuación obtenida en aplicación de unos criterios de baremación es “más justa” que el método del sorteo, según manifestó.
También expuso el planteamiento defendido por Nueva Canarias, y contemplado en el plan, para promover el modelo europeo que apuesta por el alquiler social, incluso con cuota cero para las familias más vulnerables, en lugar de las adjudicaciones de viviendas de protección oficial en propiedad.
La portavoz nacionalista celebró que el citado plan ponga fin al modelo de la adjudicación de un inmueble de protección oficial en propiedad, entre otras razones, porque este sistema genera situaciones “perversas”. Se refirió a adjudicatarios que han incrementado su patrimonio con la venta de la vivienda o que, tras haber dejado vacía la misma, otras personas con necesidades las ocupan de forma ilegal.
La ventaja del alquiler social, tal y como recalcó, es que puede mantenerse de “por vida” si es preciso además de volver a engrosar el parque público para ser utilizado por otra familia o persona en lista de espera.
Quintero: (CC-PNC-AHI): “Es lamentable que el PSOE no apoye subvencionar el combustible en El Hierro, La Gomera y La Palma”
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha lamentado esta mañana que el Partido Socialista no apoye las subvenciones al combustible en El Hierro, La Gomera y La Palma, “aludiendo, principalmente, a que ese importe se lo quedaría la empresa”.
Las conclusiones de un estudio conocido hoy de propiciar la competencia y reducir las barreras de entrada para que puedan operar empresas ‘low cost’ son, a juicio del diputado, “medidas ineficaces para bajar los precios de manera inmediata en estas islas, con lo que se seguiría produciendo un agravio comparativo con el resto de las islas”.
Hay que tener en cuenta que el precio del combustible, que ha venido incrementándose desde 2015, “supone un sobrecoste en El Hierro para cualquier familia de 75 euros al mes y cerca de 800 euros al año”; el mayor de las tres islas afectadas.
Para Quintero, a la hora de defender la tesis de liberalizar la competencia no se tiene en cuenta la economía de escala, “ni la dificultad que supone que una actividad económica obtenga beneficios y genere la entrada de otros operadores cuando el volumen de negocio es limitado”. En este sentido puso como ejemplo como en El Hierro “la facturación de todo un mes en una de las tres gasolineras que existen es la que realiza una estación de Tenerife en un solo día”.
Desde el Grupo Nacionalista Canario “proponemos al Gobierno un tipo impositivo diferenciado para las tres islas, en una cuantía igual al incremento del precio medio que han experimentado” y para controlar que estos beneficios repercutan directamente en los consumidores directos y no en las compañías “abogamos por una perfecta gestión del dinero público y que se controle con un observatorio la posibilidad de que las empresas obtengan beneficio a costa de una subvención pública”.
El PP reprocha a Obras Públicas que haya sido incapaz de ejecutar 134 millones de inversiones
El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, afirmó que “en un momento donde la economía está resentida y nuestro principal motor económico en cero turístico, la inversión pública era más que necesaria que nunca” al tiempo que reprochó al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias que haya sido incapaz de ejecutar 134 millones de euros del capítulo de inversiones el pasado año.
Domínguez, que en la comisión celebrada hoy en el Parlamento de Canarias preguntó al consejero por esta cuestión, lamentó el “pésimo grado de ejecución del capítulo de inversiones reales que, a finales de año, apenas alcanzaba el 20% de los casi 168 millones de euros de los que disponía”.
“Hablamos de un grado de ejecución nefasto, por mucho que el consejero se quiera escudar haciendo comparaciones con otros años porque, en este momento excepcional, la construcción y la inversión en obra pública es clave para reactivar la economía y mantener y generar puestos de trabajo”, explicó.
Para el diputado popular no es de extrañar, por tanto, que la ineficaz gestión de los responsables se haya extendido a todas los departamentos del área de Obras Publicas. “Hasta el punto – recalcó – de que haya sido la segunda consejería más inoperante a la hora de utilizar sus recursos, pues a finales de 2020 no había gastado ni el 50 por ciento de su presupuesto”.
Al respecto, pidió al consejero que para 2021 que escuche al sector y se ponga las pilas para agilizar los trámites y reducir la maraña burocrática que frenan la correcta ejecución presupuestaria.
Según Domínguez, “el sector de la construcción ya ha declarado que está dispuesto a asumir el reto de mover la palanca del levantamiento económico y social, pero también necesita la ayuda de las administraciones públicas, no sólo para licitar obras nuevas sino para agilizar y facilitar los trámites burocráticos”.
Por último, el presidente del Grupo Parlamentario recordó que “para este año, la consejería de Obras Públicas ha incrementado su presupuesto en un 22 por ciento, por eso le exigimos al consejero que esté a la altura y que sea capaz de gestionar y ser más diligente con los recursos con los que cuenta”, concluyó.
Vidina Espino (Cs): “Es inaceptable que teniendo 20 millones para ayudas urgentes al alquiler solo se llegue a 300 personas”
“Es inaceptable que, teniendo 20 millones de euros destinados a ayudas urgentes al alquiler, para las familias que peor lo están pasando, el Gobierno canario solo haya logrado hacer efectivo el pago a 300 personas, casi un año después, de las 18.800 solicitantes”. Así lo ha advertido este miércoles la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, tras preguntar al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo canario, Sebastián Franquis, por los motivos que han provocado el retraso de la tramitación y el pago de estas ayudas aprobadas en abril.
Vidina Espino ha apremiado al titular de Obras Públicas a “hacer autocrítica y mejorar la eficiencia de la administración autonómica”, y ha rechazado que sea solo un problema de personal, como ha expuesto Sebastián Franquis, pues , según ha dicho, “en la Comunidad Autónoma hay, entre funcionarios e interinos, más de 70.000 empleados públicos que, gracias a uno de los decretos aprobados durante el primer estado de alarma, pueden ser trasladados de unas consejerías a otras para tramitar los expedientes de emergencia”.
La portavoz de la formación naranja, que ha dado la bienvenida a todo tipo de colaboración para aligerar el proceso de concesión de las ayudas, ha indicado también que “no se entiende que se tenga que pagar 250.000 euros a las cámaras de comercio para tramitar estas ayudas o un millón de euros a una empresa privada para que se encargue del registro de demandantes”.
A su juicio, “hay que hacer una reflexión profunda sobre la ineficiencia de la administración pública canaria”, porque, según ha recalcado, la situación que ha generado la crisis sanitaria del coronavirus en las Islas “es muy complicada para muchas familias”, y ha puesto como ejemplo que “en 100.000 hogares canarios no entra ningún sueldo, pues todos sus miembros están en paro, hay más de 84.000 trabajadores en ERTE y las ayudas no han sido suficientes”.
En este sentido, se ha referido al “Ingreso Canario de Emergencia, que ha dejado a muchas personas fuera, o a las destinadas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, que siguen sin salir adelante”.
