La Comisión Permanente de Aguas analiza el avance de proyectos estratégicos en todas las islas mientras el Ejecutivo autonómico mantiene pendiente la financiación estatal prevista para 2026.
Gran Canaria.- El Gobierno de Canarias coordina actualmente una veintena de obras hidráulicas repartidas por todas las islas con una inversión superior a los 60 millones de euros, al tiempo que continúa a la espera de que el Estado tramite la subvención anual de 20 millones destinada a actuaciones hidráulicas correspondientes a 2026. Así se puso de manifiesto durante la vigesimosexta reunión de la Comisión Permanente de Aguas de Canarias, celebrada en Gran Canaria con la participación del Ejecutivo autonómico y los siete consejos insulares de aguas.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, agradeció la colaboración de los consejos insulares durante los últimos años para hacer frente a la crisis hídrica registrada en 2023 y señaló que el Gobierno canario continúa sin recibir noticias sobre la transferencia estatal comprometida para este ejercicio. Según explicó, esa financiación afecta a ocho proyectos hidráulicos previstos en el Archipiélago.
La reunión tuvo lugar en la sede del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Su presidente, Miguel Hidalgo, destacó el nivel de coordinación existente entre el Ejecutivo autonómico y los organismos insulares y describió la situación hídrica de la isla como estable gracias al agua almacenada en las balsas y a la capacidad de producción disponible. No obstante, subrayó la necesidad de continuar mejorando la eficiencia de las infraestructuras y de la gestión del recurso para afrontar con mayores garantías futuros episodios de sequía.
En el encuentro también participaron el director general de Aguas, José García Leal, el viceconsejero del área, Marcos Lorenzo, además de responsables y gerentes de los siete consejos insulares. Durante la sesión se revisó el estado de tramitación de los siete planes hidrológicos y de sus respectivos planes de gestión del riesgo de inundación, cuya elaboración corresponde a los consejos insulares bajo la coordinación del Gobierno de Canarias y que deberán remitirse a la Unión Europea antes de que finalice 2027. Manuel Miranda recordó que el retraso acumulado en el ciclo anterior estuvo a punto de provocar una nueva sanción europea para Canarias, una situación que, según indicó, pudo evitarse gracias al trabajo conjunto de todas las administraciones implicadas.
Entre los proyectos estratégicos que dirige directamente el Ejecutivo autonómico figuran las actuaciones de abastecimiento y saneamiento en La Graciosa, la ampliación de las desaladoras de El Hierro, la conexión de San Blas, en Tenerife, las ampliaciones de las depuradoras de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Playa Blanca, en Lanzarote, el encauzamiento del barranco de Vallehermoso, la mejora del saneamiento de El Paso, en La Palma, y la modernización de la desaladora Arucas-Moya, en Gran Canaria. En este contexto, el Gobierno informó además de que este jueves se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras para ejecutar el nuevo tramo marítimo de la conducción de abastecimiento de agua potable a La Graciosa. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 3.880.266,11 euros, sin impuestos, y permitirá renovar una infraestructura considerada esencial para garantizar la seguridad hídrica de la octava isla.
El consejero anunció además que prevé mantener a partir de septiembre una reunión con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para abordar tanto la subvención pendiente como otros asuntos relacionados con la planificación hidráulica. Durante la comisión, los técnicos de la Dirección General de Aguas presentaron también distintos servicios de apoyo a los consejos insulares, entre ellos una oficina virtual para mejorar la eficiencia energética del ciclo del agua y diversas guías sobre implantación de energías renovables, reducción de pérdidas en las redes y mejora de las depuradoras.
Por último, el Gobierno de Canarias trasladó su intención de solicitar a la Unión Europea que la aplicación de la futura normativa comunitaria sobre la gestión del agua tenga en cuenta las particularidades del Archipiélago, como la fragmentación territorial y administrativa, la lejanía y la elevada presión derivada de la llegada anual de millones de visitantes.
