En un esfuerzo por mitigar la crisis habitacional, el Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes que promete transformar el panorama de la vivienda en el archipiélago, marcando un hito en la lucha contra la escasez de hogares asequibles
Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de Canarias ha dado un paso significativo para abordar la emergencia habitacional que enfrenta el archipiélago mediante la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Esta normativa, impulsada por la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, tiene como objetivo primordial incrementar la disponibilidad de inmuebles y simplificar los trámites para facilitar el acceso a la vivienda. Este decreto se presenta como una respuesta integral a la compleja situación que vive Canarias, donde la demanda de viviendas supera ampliamente la oferta, agravada por fenómenos como la crisis financiera de 2008 que dejó un legado de inmuebles inacabados y la inmovilidad del Módulo Básico Canario desde 2003, que ha frenado la colaboración público-privada y la licitación de proyectos debido al incremento de los costes de construcción.
El decreto incluye medidas para aumentar la disponibilidad de suelo destinado a viviendas, abordando uno de los principales desafíos del archipiélago. Además, se busca aumentar el número de edificaciones disponibles para vivienda a través de la simplificación y agilización de procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública y facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.
Este conjunto de medidas se inscribe en un contexto más amplio de políticas de vivienda en España, donde la Ley por el Derecho a la Vivienda se ha convertido en una realidad con cambios significativos en el mercado residencial. La ley introduce aspectos como el control de los alquileres en zonas declaradas tensionadas y nuevos incentivos fiscales, aunque su aplicación efectiva depende en gran medida de las Comunidades Autónomas y requiere de la declaración de zonas tensionadas de precios.
La crisis habitacional en Canarias, y en España en general, es un reflejo de desafíos más profundos que enfrentan muchas regiones del mundo: el equilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas asequibles, la necesidad de actualizar infraestructuras y regulaciones para reflejar las realidades económicas actuales, y la importancia de la colaboración entre el sector público y privado. La iniciativa del Gobierno de Canarias, junto con la Ley por el Derecho a la Vivienda, representa un esfuerzo significativo para abordar estas cuestiones, aunque su éxito dependerá de la implementación efectiva y la cooperación entre diferentes niveles de gobierno y el sector privado.
En conclusión, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias marca un momento crucial en la lucha contra la emergencia habitacional en el archipiélago. A través de la simplificación de trámites, la facilitación de la construcción de vivienda protegida y la actualización de regulaciones obsoletas, se busca proporcionar una solución tangible a uno de los problemas más acuciantes de la sociedad canaria. Sin embargo, la efectividad de estas medidas y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos dependerá de su implementación y de la capacidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y las necesidades de la población.
