Las Palmas de Gran Canaria.- «No vamos a permitir en Gran Canaria ni regasificadoras ni gasoductos ni gas ciudad. Son batallas que hemos ido ganando durante décadas en distintos foros, como en la Comisión Nacional de la Competencia, en los tribunales, en la propia Comunidad Europea, y no vamos a consentir una vuelta atrás nos parece increíble y demencial, y que no tiene ningún tipo de justificación».
Así lo ha manifestado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, al posicionar al Gobierno de la Isla «radical y contundentemente en contra» del Real Decreto Ley 622, de 29 de marzo, del Ejecutivo estatal, en el que se adoptan medidas para paliar el impacto provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. Una norma en la que, en su disposición IV incluye el Archipiélago y, en ella, «se abre la puerta a la utilización del gas para la generación de energía y, lo que es más grave, abre paso a la instalación de regasificadoras en nuestro Archipiélago, sin las preceptivas autorizaciones administrativas», ha señalado Morales.
Morales ha hecho hincapié en que el Estado ha hecho este movimiento «por la puerta de atrás, con un decreto que no tiene nada que ver con lo que se plantea», y ha asegurado que «el Gobierno de España, aprovechando unas medidas para paliar las consecuencias de la guerra, pretende meternos un gol por toda la escuadra».
Ha puesto de manifiesto, asimismo, su perplejidad ante esta nueva norma, porque «no entendemos una medida que hipoteca el futuro de las renovables y que nos pone en manos de un combustible que es contaminante», ha subrayado.
En este punto, Morales ha hecho una llamada a la responsabilidad del Gobierno estatal, al considerar que «no puede ser que, respondiendo a los intereses de los lobbies energéticos, hipotequen el futuro de esta tierra, porque el gas, a través de la instalación de regasificadoras, no es una alternativa», ha aseverado.
«Nos van a tener en contra a la hora de intentar imponer un modelo desechado por la sociedad y las instituciones de Gran Canaria y de toda Canarias», ha remarcado. «No vamos a permitir que nadie distorsione el modelo de las energías renovables por el que hemos apostado durante tantos años de manera decidida este Cabildo de Gran Canaria».
Frente a esta decisión, la Corporación insular reclama la puesta en marcha de varias medidas urgentes. «En lugar de esta medida retrógrada, exigimos al Gobierno de España la agilización de los procedimientos administrativos para los parques eólicos y fotovoltaicos», ha enfatizado Morales. «No se puede tardar seis años en hacer realidad estos proyectos. Y para lograr esa celeridad, es preciso modificar las leyes estatales y autonómicas».
Ha expuesto, asimismo, la necesidad de desbloquear las trabas administrativas que existen para el autoconsumo y las comunidades energéticas, y la puesta en marcha de una línea de financiación para la introducción masiva de las renovables a través de los hogares, de las pequeñas y medianas empresas, de las comunidades energéticas, de las comunidades de vecinos, de los espacios energéticos, de las zonas comerciales… «El autoconsumo es la manera más democrática de generar energía», ha sentenciado.
Y, finalmente, ha señalado la urgencia de ordenar la actividad eólica marina en las aguas de Canarias. «Son tres medidas fundamentales que deben impulsar los gobiernos de España y de Canarias», ha puntualizado.
En su argumentario, Morales ha incidido en que el gas es un combustible contaminante. «Sí es verdad que emite menos CO2, pero, desde el principio de su manipulación, genera metano y es 200 veces más inductor del calentamiento global que el CO2, por lo tanto, no es un combustible limpio y sería el colmo que obtuviera esa calificación», ha explicado.
Ha detallado, además, que proviene de lugares geoestratégicamente inseguros, y ha citado como ejemplos las situaciones que se están produciendo en Rusia y el conflicto entre Argelia y Marruecos, «que nos devuelven a la realidad», ha dicho. «Estamos sometidos continuamente a una fragilidad geográfica en torno a la distribución de este combustible», ha continuado.
Por otra parte, el presidente del Cabildo ha recalcado que se trata del combustible más caro y del que ha propiciado el encarecimiento de la energía en España. «El gas, que se nos vendía siempre como el combustible alternativo de transición, es el que está provocando la enorme crisis energética de Europa, por su escasez», ha indicado.
El presidente de Gran Canaria ha puntualizado también que, efectivamente, el artículo 55.2 de la Ley de Hidrocarburos permite el almacenamiento de gas para consumo propio, «y a eso no nos oponemos», ha afirmado. Pero, como ha apuntado, en el punto 55.1 de esa norma, se profundiza en su comercialización y, por tanto, «abre las posibilidades de la aparición de operadores que, en torno a la producción de gas, generen regasificadoras y, a partir de ahí, gasoductos, gas ciudad, etcétera… y a eso nos oponemos de una manera radical y contundente».
Es más, ha matizado que, si Endesa quiere utilizar el gas como combustible para sus plantas lo puede hacer sin ningún tipo de problema, transportándolo hasta la Isla en barco, como lo hace cualquier industria canaria. «A cualquier otra alternativa nos vamos a oponer de manera rotunda», ha advertido.
