Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz económica de Nueva Canarias (NC), Esther González, sostuvo hoy que el tratamiento de Canarias, en el Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 aprobado por el Consejo de Ministros, es «insuficiente». González afirmó que supone un retroceso con la ley presupuestaria de 2022 sancionada por el Congreso de los Diputados y mejorada con las enmiendas de NC por valor de 100, 45 millones de euros, que cumplió con todos los preceptos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) así como otros compromisos de la agenda canaria suscrita por el PSOE con los canaristas progresistas para la investidura de Pedro Sánchez.
Nueva Canarias, según la portavoz económica, ve «insuficiente» el tratamiento de Canarias en el proyecto de ley de los presupuestos estatales de 2023 aunque, con carácter general, reconoce y valora su orientación progresista y expansionista.
Esther González mantuvo que «lo mínimo» aprobado, en el Consejo de Ministros, debió ser la ley presupuestaria de 2022 en vigor, negociada por Pedro Quevedo y que contiene mejoras muy sustanciales en cumplimiento de la agenda canaria y de los intereses generales de la comunidad.
Se refirió y denunció la ausencia de los 100,45 millones de euros, que se sumaron con las enmiendas de Quevedo. Se trata, entre otras partidas, de 1,5 millones de euros para el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y un aumento de 20 millones de euros para educación, de los que 10 millones de euros fueron para las dos universidades públicas.
El incremento en 18 millones de euros de las partidas para el sector agrario, 13 millones de euros más para cultura, infraestructuras y actividades musicales. Otros cinco millones de euros más para los 30 millones de euros iniciales para combatir la pobreza, 15,2 millones de euros de aumento para las políticas medioambientales así como otro conjunto de inversiones para diversos municipios de todo el Archipiélago.
La portavoz económica de NC también cuestionó que, en el PL de los PGE para 2023, falten los 50 millones de euros para la atención a las personas migrantes, que no se hayan dotado todos los programas económicos del REF además tener dudas, a falta de un análisis más concienzudo, de que se cumpla con la inversión media territorializada del resto de las comunidades de régimen común.
Con respecto a la transferencia de, un mínimo, de 238 millones de euros para gasto corriente, «pendiente» del acuerdo sobre la ejecución de los 507 millones de euros de una de las sentencias sobre el convenio de carreteras, constató la ausencia de los 38 millones de euros correspondientes a los intereses devengados. Una cantidad que, como puntualizó Esther González, en estos momentos y por el tiempo transcurrido, tiene que ser mayor.
El «tratamiento mínimo» de Canarias en el proyecto de ley para 2023, tal y como mantuvo, debía contener todas esas partidas y compromisos correspondientes a la agenda canaria suscrita por NC con el PSOE que garantizó la investidura de Sánchez, la estabilidad política y el cumplimiento de los contenidos programáticos compartidos con el pacto gubernamental.
Citó además otros acuerdos aún sin concretar como el destinado a incorporar 407 millones de euros como adenda al vigente convenio de carreteras con el Estado (2018-2027) y que se ejecutará en 2026 y 2027.
Sin olvidar otras enmiendas de Nueva Canarias que el Ministerio de Hacienda se negó a incluir en los PGE de 2022. Entre ellas, la devolución del IGIC a los afectados por la quiebra de Thomas Cook, las bonificaciones de las tasas aéreas y cuestiones del fuero pendientes como el restablecimiento de la autorización del comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC), que ahora tramitará la Cámara Baja a través de la proposición de ley remitida por el Parlamento de Canarias.
