Santa Cruz de Tenerife.- El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, preguntará mañana martes, en el pleno, al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, por las garantías existentes para mantener la conectividad aérea tras la integración de Air Europa en el grupo hispano-britanico IAG. Campos requerirá los contactos mantenidos con operadores turísticos británicos para evaluar el mercado posterior a la efectiva salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
En la sesión de control al cuatripartito, el portavoz del grupo nacionalista progresista preguntará a Torres por el resultado de las reuniones y encuentros de trabajo mantenidos en Fitur el pasado mes de enero. Luis Campos avanzó que se interesará por la situación del proceso de integración de Air Europa en el grupo IAG y su incidencia en la conectividad de las islas.
Tras referir que el presidente de Iberia, Luis Gallego, ha sido designado como consejero delegado de IAG y de que ha empezado el periodo transitorio para que la UE y el Reino Unido negocien sus nuevas relaciones comerciales, el portavoz nacionalista observó que, en muy poco tiempo, se sabrá si Competencia aprueba las condiciones de la compra de Air Europa.
Ante la concentración de la oferta de dos de las aerolíneas españolas dominantes en las islas, Campos se interesó y apeló a la necesidad de mantenerse vigilantes ante el mantenimiento de los destinos operados en la actualidad, si se prevé la entrada de nuevas compañías y por la repercusión al alza en los precios de los billetes.
Para los socios nacionalistas del cuatripartito, la mejora de la conectividad es un objetivo ineludible para consolidar los nuevos mercados y las relaciones con los operadores turísticos, sobre todo, en el escenario del brexit y los resultados finales del acuerdo en negociación.
NC presenta una iniciativa para activar el Plan Estratégico para la Atención a la Diversidad recogido en la Ley Canaria de Educación
La diputada y presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias, Carmen Hernández, hará comparecer durante el Pleno de este martes a la consejera de Educación del Gobierno Canario, María José Guerra, para que informe sobre el desarrollo del Plan Estratégico para la Atención a la Diversidad, recogido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
El consenso social y político existente sobre la necesidad de mejoras en el sistema educativo canario – con indicadores como los resultados en los informes Pisa, el abandono y el fracaso escolar, o las bajas tasas de titulados- pone en evidencia la prioridad de trabajar en esta materia.
Justo con ese fin, en 2014 se impulsó por iniciativa popular una Ley Canaria de Educación que nació de un amplio y profundo acuerdo social y político, porque además de la iniciativa legislativa popular contaba con el dictamen de la Comisión de Estudios del Parlamento de Canarias y el Acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para el Pacto por la Educación, tres documentos que ponen de manifiesto la firme voluntad de la sociedad isleña de alcanzar un ordenamiento del sistema educativo que finalmente se alejara de las disputas políticas y de la confrontación partidista.
En ese sentido, Carmen Hernández explica que esta iniciativa va en la línea de recordar que este Plan Estratégico para la Atención a la Diversidad que recoge la Ley pretende abordar las necesidades específicas de apoyo educativo que presentan las personas como consecuencia de su diversidad, una diversidad que puede deberse a distintas variables, entre ellas las posibilidades que tiene cada alumno de convertir los recursos que tiene en su entorno en oportunidades para su desarrollo.
Todo ese conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumno, teniendo en cuenta las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizajes, motivaciones e intereses, situaciones económicas, culturales, lingüísticas y sociales, es a lo que debe responder un Plan de Atención a la Diversidad.
Este plan estratégico que plantea la Ley en su artículo 43, entre otras cuestiones, propone que la Administración ponga en marcha una estrategia con el fin de proporcionar respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de cada alumno y sus necesidades educativas, con reflejo especifico en cada centro, con proyectos pedagógicos y planes que, entre otras cuestiones, prevengan y controlen el absentismo escolar, atiendan las necesidades específicas para el apoyo educativo, incluyan programas de acogida e integración de alumnos inmigrantes o estrategias para compensar las desigualdades sociales.
Igualmente se plantea la necesidad de redefinir el modelo de orientación educativa, y en ese sentido es fundamental fortalecer los equipos de orientación psicopedagógicas e irlos aumentando de forma progresiva; garantizar que el profesorado esté formado y fomentar la innovación educativa; crear unidades de apoyo a las necesidades específicas en cada centro, así como poner en marcha unidades administrativas especializadas en atención a la diversidad para que se garantice la correcta puesta en marcha, el desarrollo y la evaluación de esta iniciativa.
Según Hernández, “para impulsar este plan es fundamental garantizar el aumento de los profesionales de apoyo a las necesidades del alumnado, especialistas en audición y lenguaje, entre otros, permitiendo su presencia permanente en el aula ordinaria; incrementar los equipos de integración de zonas; incorporar a los educadores sociales en los centros para apoyar el trabajo educativo; disminuir las ratios en el aula, lo que permitirá una mayor atención a la diversidad, prestando mayor atención a los agrupamientos de centros ubicados en territorios más vulnerables y otras medidas que entendemos que son fundamentales –como así lo recoge la Ley- para atender a la diversidad y, en definitiva, para contribuir al éxito escolar y la disminución del abandono”.
Para todo ello, recordó la diputada, “se necesita una inversión económica importante y aunque el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo en el presupuesto de 2020, el 3,8% que se destina está aún lejos del 5% que recoge la Ley”.
