Campos subraya el compromiso de Elma Saiz con la enmienda de NC al pacto canario de un cambio legal para la distribución obligatoria entre las comunidades
Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, valoró hoy que la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, reconozca que la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias y al resto de los territorios fronterizos españoles es un asunto de Estado. El portavoz del partido, Luis Campos, subrayó el compromiso de la titular ministerial con la enmienda del canarismo de progreso, incluida en el Pacto Canario por la Inmigración, para proceder con las reformas legales precisas para la distribución obligatoria de estos jóvenes entre todas las comunidades.
Román Rodríguez y Luis Campos se mostraron esperanzados, tras la visita y reunión de trabajo de Elma Saiz ayer con el Gobierno de Canarias en Tenerife, ya que el Ejecutivo estatal comienza a compartir y asumir las reivindicaciones defendidas desde NC-BC para que Canarias dejara de asumir en solitario la tutela de los menores no acompañados.
Lograr la regulación de la distribución, fundamental para garantizar los proyectos de vida de estos menores, tal y como recordó el presidente de NC-Bloque Canarista, ha sido un trabajo en el que «nos comprometimos» desde que se reactivó en 2019 la ruta Atlántica, se acompasó durante la pandemia en 2020, se relanzó en 2021 y hasta la actualidad no ha parado de crecer en intensidad.
Parecía imposible, pero Canarias logró que, en 2020, recordó Rodríguez, se superaran las reticencias de la Administración del Estado para derivar a la Península a los migrantes adultos llegados en pateras y cayucos tras el hacinamiento de miles de personas en el muelle de Arguineguín, ante el colapso de la abandonada red de acogida establecida en las islas en la anterior crisis de los cayucos de 2006.
En 2023, el líder del canarismo progresista indicó que se superaron todas las cifras anteriores de llegadas con 40.521 personas, de las que 4.521 son menores que en la actualidad están a cargo de las instituciones públicas de las islas. Es «ahora», valoró Román Rodríguez, cuando la ministra Saiz ha reconocido que la acogida es un asunto de Estado y se compromete a modificar las leyes para que la distribución sea «obligatoria» entre todas las comunidades, como figura en el Pacto Canario por la Inmigración, firmado el pasado 19 de octubre entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo canario.
Luis Campos agregó que fue una enmienda de NC-BC incluida en el documento gubernamental la que logró reforzar la posición del Archipiélago frente al Estado en esta materia. Con la misma, añadió el portavoz, el pacto recogió el compromiso de «iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan».
«Defendíamos que había llegado el momento», tras la última crisis migratoria del año pasado, de que la sociedad canaria se plantara para lograr, en las Cortes Generales, un cambio normativo que obligara al resto de los territorios a acoger a un cupo de menores, como se consiguió con los adultos, señaló el presidente de NC-BC.
A la espera de que los compromisos de la ministra Saiz se conviertan en hechos o propuestas legislativas concretas, Román Rodríguez espera que las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, de mayoría progresista, y conservadora en el Senado; secunden a Canarias.
Ambos dirigentes coincidieron al señalar que la Unión Europea, en opinión de NC-BC, «no está respondiendo ni es satisfactorio» el reciente acuerdo sobre el Pacto de Migraciones y Asilo. Luis Campos mantuvo que los menores no acompañados han quedado al margen de este acuerdo al mismo tiempo que rechazó el carácter mercantilista del mismo y la externalización de las fronteras a países que vulneran los derechos humanos.
