Santa Cruz de Tenerife.- El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de facilitar la prestación gratuita del servicio de orientación y asistencia jurídica a personas internas de los centros penitenciarios y centros de inserción social de Canarias. En concreto, la iniciativa pretende que se cumpla la Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, Ministerio del Interior y conforme a la población reclusa dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
La propuesta, defendida por el diputado socialista Mauricio Roque, insta al Gobierno de Canarias a dotar económicamente, a través de la figura jurídica-financiera que proceda, las actuaciones y gastos generados por los Colegios de Abogados de Lanzarote, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, previa adhesión de los mismos al convenio suscrito entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española, para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica a internos de los centros penitenciarios y centros de inserción social.
Roque recordó durante su intervención que este convenio es “fruto de la voluntad” de ambas partes para establecer el marco jurídico para la realización de actuaciones de orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios del Estado y centros de inserción social, “proporcionando un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen respecto a las materias que se detallan en el mismo”.
La propuesta socialista destaca que Canarias cuenta con establecimientos penitenciarios en las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y estima en 45.000 euros anuales el coste total y global, atendiendo al número de personas internas en los establecimientos penitenciarios radicados en las mencionadas islas (más de 3.000 personas recluidas), para la atención de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se prestarán por los abogados y las abogadas, a través de los colegios de la abogacía de Canarias.
El diputado socialista destacó que todas las personas internas tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la Administración Penitenciaria para la promoción y crecimiento personal, así como “derecho a que se fomente su participación en la planificación y ejecución de su tratamiento”.
Además, la iniciativa socialista insiste en que las personas internas pueden dirigir sus peticiones, quejas y recursos ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, así como que estas personas tienen derecho también a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.
Fierro recuerda que el PSOE impulsó en 2014 un plan de calidad del aire
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, acusó hoy miércoles [11] en el Pleno del Parlamento de Canarias a Coalición Canaria (CC) de ser el partido político que “por primera vez hace política de un acontecimiento natural y de su gestión”, en referencia al episodio de calima que vivió Canarias el pasado febrero, y recordó que el PSOE ya impulsó en 2014 un plan de calidad del aire para la zona metropolitana Santa Cruz-La Laguna en Tenerife.
Fierro intervino durante la comparecencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, sobre el fenómeno de calima acaecido en Canarias, y reprochó a los nacionalistas sus críticas y su “preocupación” por el estado de la calidad del aire de las islas e incluso por el agua depurada “después de estar años y años tirando agua al mar sin depurar. Deben llevar algo mal lo de no ser ellos quienes lo gestionen”.
La presidenta del Grupo Socialista recordó que desde el PSOE sí se comparte esta preocupación “ahora y antes”, cuando “la refinería de Tenerife estaba entre las 200 industrias más contaminantes de Europa según el Registro Europeo de Emisiones, cuando incluso Santa Cruz superaba en un 30% a Gran Canaria en emisiones de dióxido de azufre, componente producido por la actividad industrial y sobre todo por la refinería”.
En este sentido, afirmó que desde el PSOE “tanto compartíamos esta preocupación que tuvo que llegar José Miguel Pérez a la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias para aprobar el plan de calidad del aire de la aglomeración de Santa Cruz-La Laguna en el año 2014, destinado a garantizar que los niveles de dióxido de azufre cumplieran con la normativa”.
Para Fierro, hay una diferencia entre estos acontecimientos y los actuales del pasado 22 y 23 de febrero, “y es que en estos últimos, y como ya se ha dicho, no se detectó ningún aumento destacable de contaminantes industriales en ningún episodio de intrusión sahariana, por lo tanto, insisto, no estamos hablando de contaminación industrial”.
Fierro acusó al “nacionalismo conservador ahora neoecologista” de “disfrazar el episodio de calima y el debate de la calidad del aire para marrullear políticamente, y le vamos a decir que no porque cada administración actuó correctamente en el ámbito de sus competencias. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, y los distintos ayuntamientos de la isla, a todos sin distinción, como los alcaldes del Puerto de la Cruz, La Orotava, Santa Úrsula, San Juan de la Rambla, Los Silos o Santa Cruz”.
“¿O es que la alcaldesa de Los Silos que mantiene todos sus actos de ese fin de semana, cuando por cierto, algunos hablaban de solidaridad, con una alerta por vientos, es más responsable porque es de CC? ¿O es que la alcaldesa de Santa Cruz es menos responsable porque es del PSOE?. Insisto, cada uno actuó correctamente en el ámbito de su competencia con las directrices que previamente se habían comunicado”, afirmó.
