San Cristóbal de La Laguna.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna, reunida este jueves en sesión extraordinaria, ha acordado solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias la declaración de urgente ocupación de las viviendas afectadas por el procedimiento de expropiación de Las Chumberas. La medida permitirá ocupar el suelo de la urbanización sin necesidad de esperar a que concluya el proceso de expropiación, que podrá seguir tramitándose paralelamente a la ocupación.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, confía en que el Consejo de Gobierno, que ha tomado en consideración esta solicitud en su reunión de este mismo jueves, “apruebe cuanto antes una declaración que facilitaría la urgente ocupación de las viviendas, para luego seguir tramitando todo el expediente expropiatorio con todos los derechos de las vecinas y vecinos garantizados, ya podrán elegir entre recuperar sus viviendas renovadas o el justiprecio, pero sin tener que esperar a que acabe todo el procedimiento de expropiación.”
La declaración permitiría dar cumplimiento al convenio firmado el 22 de octubre de 2019 entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, que recoge una aportación total de 25 millones de euros y que fija un plazo máximo de cuatro años para su ejecución.
De no procederse a la ocupación del suelo en breve tiempo, sería necesario esperar a la culminación y aprobación definitiva del expediente expropiatorio, que hasta el momento se ha venido desarrollando con numerosos problemas, tanto por las dificultades para contactar con buena parte de las personas interesadas (algunas residen fuera de la Isla o incluso del país, otras han fallecido y es preciso localizar a sus herederos), como por la actitud de aquellas que se muestran reticentes a recibir cualquier comunicación oficial y han optado claramente por entorpecer el procedimiento.
Como ejemplo, la Gerencia de Urbanismo decidió en junio de 2019 dictar órdenes de desalojo de las 160 viviendas de los 10 bloques de la primera fase por motivos de seguridad. Sin embargo, a fecha de hoy aún no ha sido posible lograr que todos los habitantes abandonen sus viviendas, si bien la gran mayoría de las personas ya han sido desalojadas y están realojadas mediante alquileres sufragados por Muvisa.
Los riesgos que amenazan para que se originen nuevos retrasos en la ejecución de este proceso son variados y de difícil solución a corto plazo. Por un lado, en diciembre de 2018 Muvisa adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), de forma condicionada a la obtención y disponibilidad del suelo, la ejecución de proyectos de demolición de la primera fase, con lo que un retraso en la culminación del proceso de expropiación podría traducirse en la resolución definitiva del contrato por causa imputable a la administración, con posibles indemnizaciones que afrontar y la apertura de un nuevo procedimiento de selección y adjudicación de las obras.
Por otro, el incumplimiento de los plazos del actual convenio de octubre de 2019, colocaría al Ayuntamiento nuevamente ante el escenario de tener que afrontar una posible devolución de los fondos aportados por las administraciones estatal, autonómica e insular.
La resolución del Consejo de Gobierno de Canarias eliminaría estos riesgos al permitir ocupar el suelo de la urbanización sin necesidad de esperar a que concluyan los trámites de expropiación, con lo el proceso de reposición de las viviendas podría comenzar.
